El acusado de estafar en más de medio millón de euros a su exmujer ocultándole las rentas de varios locales comerciales que tenían en una sociedad de gananciales ha negado los hechos y ha señalado que siguió gestionando dicha sociedad "por simple inercia" tras el divorcio, que tuvo lugar después de que fuera condenado por maltrato familiar.
En el juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, que ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía ha mantenido la petición de siete años y medio de prisión, así como una multa de 3.246 euros, para este hombre al que acusa de un delito de falsificación de documento mercantil en concurso con un delito contra el patrimonio en su modalidad de apropiación indebida o, subsidiariamente, en su modalidad de estafa. Su defensa pide la libre absolución y niega la supuesta falsedad.
El procesado ha señalado que no es culpable de los hechos de los que se le acusa, y que "cualquier comunicación" con su exmujer acerca de la gestión de la sociedad de gananciales "era un diálogo sin ningún tipo de sentido", a la par que ha explicado que ha debido de hacer frente en solitario a las "múltiples deudas" derivadas de los bienes comunes, así como al pago de impuestos y tasas.
Hubo además "irregularidad" en los pagos e impagos de los inquilinos debido a la crisis, desde el año 2008, y ha agregado que, desde el divorcio, en 2010, ha gestionado "lo mejor" que ha "podido" y "sabido" los bienes familiares, mientras que su exmujer, que ha indicado que le ha "atacado sistemáticamente" en los últimos años con múltiples querellas, "prefería ver todo cerrado" aunque ello les supusiera "la ruina" a ambos.
El acusado fue condenado por maltrato a seis meses de prisión en mayo de 2010 --tras aceptar, ha mantenido, la acusación de "vejaciones leves" que le hizo su entonces pareja-- y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada dictó la sentencia de divorcio un mes después.
Aunque la sociedad que tenía en régimen de gananciales con su mujer estaba disuelta, aún no se encontraba formalmente liquidada y éste la siguió gestionando, según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
La pareja tenía en régimen de gananciales varios locales comerciales alquilados en Granada capital y en Armilla y durante un periodo de tres años el acusado hizo uso de sus facultades "de modo torticero", según el fiscal, para embolsarse más de 560.000 euros en rentas que no fueron a parar a la sociedad.
Para lograr su objetivo, supuestamente firmó convenios con terceros que no se ajustaban a la realidad ni en cuanto a las fechas, ni en los importes percibidos o dejados de percibir, lo que ocasionó un "ingente perjuicio patrimonial a la sociedad" y a su exmujer.
Así, ya en las primeras actuaciones encaminadas a liquidar la sociedad, el acusado presentó ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada un inventario con datos presuntamente falsos, como la existencia de impagos de alquileres, la cuantía de los mismos, así como rebajas y condonación de pagos que no eran ciertos.
El fiscal matiza que el perjuicio patrimonial causado a la sociedad de gananciales con estos "artificios" y por extensión a la expareja aún no ha podido cuantificarse, al tratarse de rentas que ha percibido pero que el acusado ha ocultado. No obstante, como mínimo serían 560.481 euros, de los que sólo 532.041 corresponden a un local en la avenida Emperador Carlos V.
La expareja, que ejerce la acusación particular, que pide la misma pena que el Ministerio Público, ha ratificado la denuncia que dio lugar a este caso, y ha señalado, en su declaración como testigo, que todos los documentos firmados con los inquilinos "han aparecido por arte de magia", y que no pudo "solicitar", en esas condiciones, la liquidación de la sociedad de gananciales.
Tras elevar a definitivas sus conclusiones, el fiscal ha señalado que la administración del acusado era "completamente opaca", ocultando "todo tipo de información" sobre la gestión de la sociedad de gananciales a su exmujer con "obstinación".
En la vista oral, celebrada este miércoles, han comparecido, además de la denunciante, otros cinco testigos, inquilinos que han indicado que firmaron diversos documentos con el acusado ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos de los alquileres por sus dificultades económicas, mientras que no ha acudido a testificar una segunda exmujer del procesado, que también estaba citada, una declaración a la que han renunciado las partes.
