La Audiencia Provincial de Málaga ha suspendido la vista oral que se iba a celebrar hoy contra 21 personas acusadas de formar parte de una organización de prostitución en la que el cabecilla está acusado de 167 delitos de prostitución y se enfrenta a una petición global de unos 680 años de cárcel.
El pasado 1 de octubre el tribunal comenzó con las cuestiones previas y hoy, tras una deliberación, ha determinado suspender la vista oral sin nueva fecha debido a la incomparecencia de un letrado y un acusado por enfermedad, según han informado a Efe fuentes judiciales.
El cabecilla de la organización, supuesto responsable de trazar las líneas maestras de la gestión estratégica del negocio, también está acusado de asociación ilícita, contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores, según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Efe.
Para el ministerio público, la organización presentaba una estructura jerárquica con un propietario real que hasta al menos a diciembre de 2009 dirigió un negocio de prostitución, utilizando para ello tres locales, uno en Málaga capital, otro en la localidad malagueña de Torremolinos y otro en Córdoba.
La actividad desplegada por el cabecilla le ha permitido, según las pesquisas policiales, acumular más de 18 millones de euros, entre 1995 y 2009, con utilización de personas interpuestas y con un entramado financiero para ocultar la procedencia de su patrimonio.
El funcionamiento en los tres locales era muy similar, y las mujeres tenían "una relación absoluta de subordinación", ya que no tenían libertad en cuanto a la forma y condiciones en las que ejercían la prostitución.
Además, eran sancionadas económicamente e incluso expulsadas del club en el caso de no cumplir las normas y directrices marcadas por sus responsables.
Los responsables utilizaban un sistema de rotación de las mujeres entre los tres clubes, pero principalmente entre los de Málaga y Córdoba, de mayor tamaño, y las obligaban a una jornada laboral "excesiva", desde las 17.00 horas hasta las cinco de la madrugada y los fines de semana hasta las 6.00 horas.
En el relato acusatorio se destaca que las mujeres en situación irregular no se atrevían a denunciar por miedo a las posibles sanciones administrativas, "circunstancia que era aprovechada por el propietario y los responsables".
Si bien no estaban encerradas y podían salir cuando lo deseaban, su libertad de elección estaba condicionada, y se les sancionaba mediante multas e incluso la pérdida de "plaza" si faltaban más de tres días.
A los procesados también se les acusa de fomentar la venta de drogas, principalmente cocaína, en el interior de los locales, ya que consideraban que el consumo por parte de los clientes incrementaba el gasto en consumiciones y servicios sexuales.
