El menor, de 10 años, ha estado siendo tratado desde los 16 meses por especialistas dependientes del Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, concretamente en Barcelona. Allí es donde tiene su historial completo.
La mujer ha estado llevando a su hijo a la sección del Materno Infantil de Vall d’Hebron en Barcelona cada seis meses para sucesivas revisiones. La hidrocefalia provoca en el niño una serie de dolencias que requieren su tratamiento por hasta siete especialistas, entre oftalmólogos, neurólogos, traumatólogos, y en última instancia máxilo facial, porque el niño no mastica.
Sin embargo, hace un año esta mujer recibió el requerimiento de seguir el tratamiento de su hijo en un centro sanitario dependiente del Servicio Andaluz de Salud, como demarcación sanitaria a la que pertenece el menor, y por ello le han dicho que a partir de ahora tiene que desplazarse al hospital Virgen del Rocío, de Sevilla.
Pese a que, a priori, esta solución podría suponer una mayor comodidad a nivel de desplazamiento, esta madre, quien rechazó desvelar su identidad por el momento, prefiere continuar en Barcelona el tratamiento de su hijo, que próximamente tiene que ser sometido a una operación.
La perjudicada quiso dejar clara su confianza en los médicos del SAS, y que cambió de demarcación acogiéndose, cuando el niño tenía 16 meses, al derecho a la segunda opinión después de que no se autorizase una operación en Málaga relacionada con la dolencia de su hijo. Los resultados positivos del tratamiento le han animado a continuar tratándolo allí.
Gastos sanitarios
La fémina alude a “motivos económicos” para que se produzca este traslado de pacientes. Y declaró, indignada, que las comunidades autónomas no están dispuestas a hacer frente a los gastos de tratamiento ajenos.
Todo ello teniendo en cuenta que, según asegura la mujer, muchas madres en su misma situación recurren a centros sanitarios de otras comunidades.
La supuesta perjudicada solicita que las autoridades sanitarias tengan en cuenta el bien de su hijo por encima de “intereses de índole económico”.
Además, recordó que, como afiliada a la Seguridad Social, tiene derecho a la asistencia sanitaria allá donde se encuentre, al margen de residir o no en una comunidad autónoma.
El niño afectado es alumno del Centro de Educación Especial (CEE) Virgen de la Esperanza, dependiente de la Junta.