Cae una red de tráfico de móviles de alta gama conectada con Algeciras

La Guardia Civil ha detenido a 29 personas en Andalucía y otras cuatro comunidades autónomas por defraudar en tres años 2,7 millones de euros con el tráfico ilegal de móviles de alta gama que obtenían de forma ilícita en España, Francia y Alemania a nombre de clientes en Sudamérica para después venderlos en Marruecos.

Una compleja estafa cometida presuntamente por el entramado de detenidos, de ocho nacionalidades distintas, la mayoría de Rumanía y Marruecos y con edades de entre los 19 a 55 años, acusados de los delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsedad documental, revelación de secretos, blanqueo y pertenencia a organización criminal.

La operación Telefones la iniciaron agentes de la Guardia Civil del puesto de Higueruela (Albacete) al intervenir en un coche 21 móviles en la localidad próxima de Caudete y cuya procedencia el conductor no aclaró.

Pesquisas posteriores determinaron que detrás de los terminales, todos de última generación, había un entramado criminal que utilizaba un sofisticado "modus operandi" para obtener los móviles y estafar a las compañías operadores.

De un lado, en casi toda España se había registrado un elevado número de denuncias de estas compañías que revelaban haber sido víctimas de un fraude, ya que asumían el pago de falsas reclamaciones.

Sin embargo, el lucro principal del entramado procedía de la venta en Marruecos de móviles de alta gama obtenidos de forma fraudulenta en España, Alemania y Francia. Una rama de la organización se dedicaba a comprar en países de Sudamérica datos de clientes de compañías que dan servicio a España.

Con esos datos, los miembros de la red activaban en establecimientos comerciales compinchados líneas de teléfono prepago de compañías virtuales para después solicitar la portabilidad de esas líneas a las principales operadoras de España.

Puesto que los datos del supuesto "cliente" eran reales, las compañías ofertaban la posibilidad de contratar la compra a plazos de los móviles que llegaban a la organización por empresas de mensajería también captadas que entregaban irregularmente los terminales.

Finalmente, una rama del entramado se encargaba de gestionar con "mulas" la salida de los móviles a Marruecos, donde también se obtenía un beneficio.

Todas las personas que formaban parte del entramado criminal recibían un pago por los “servicios” prestados de acuerdo a sus funciones, previamente delimitadas.

Los cabecillas se encargaban de pagar un precio prefijado por los datos de clientes obtenidos en Sudamérica y posteriormente vendían los terminales móviles a un segundo escalón jerárquico, que se dedicaba a pagar a los repartidores por cada envío entregado, así como también a las personas encargadas de transportar los terminales hasta Marruecos.

A su vez, este escalón tenía en el país vecino sus propios cauces de venta de los terminales móviles al público general.

Paralelamente a la actividad principal de la organización, algunos de los miembros, utilizaban los datos obtenidos de terceros para estafar a financieras automovilísticas y formalizar pequeños créditos o préstamos personales.

Las actividades delictivas reportaban importantes beneficios a los principales miembros de la organización, los cuales mantenían un alto nivel de vida en España llegando incluso a adquirir propiedades inmobiliarias y vehículos de alta gama.

Además, para no levantar sospechas, trataban de mantener las cuentas bancarias con un saldo normalizado realizando continuas extracciones de efectivo que transportaban a Rumanía y Marruecos.

Las diligencias instruidas han sido centralizadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Almansa (Albacete), teniendo participación directa distintos Juzgados de Algeciras, Valencia, Alzira, Xátiva, Castellón, Nules, Villareal, Zaragoza y Murcia.

Durante los 9 registros practicados en la operación se intervinieron numerosos efectos de valor procedente de las actividades ilícitas del grupo, destacando 10 vehículos, 305 teléfonos móviles, 425 tarjetas SIM, 16.153 euros en efectivo, 335 dólares americanos, 41.000 pesos venezolanos, 2 ordenadores portátiles provistos de programas para manipular documentos de identidad y números de cuentas bancarias.