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Jueves 14/11/2024
 

Rota

El Gobierno rechaza el indulto a Eva Corrales y entrará en prisión

La ex alcaldesa de Rota, Eva Corrales, ingresará hoy martes en la prisión de Alcalá de Guadaira

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La ex alcaldesa de Rota, Eva Corrales, ingresará hoy martes en la prisión de Alcalá de Guadaira tras conocer que el Gobierno ha rechazado su indulto. Casi dos años y medios después de solicitarlo, el Ejecutivo ha tardado más de lo normal en pronunciarse en este caso.

La condena se fija en cuatro años y medio de prisión por el 'Caso Horas Extra' y tendrá que volver a comparecer en la Audiencia de Cádiz para enfrentarse también a doce años de inhabilitación política.

El caso de la ex regidora roteña se abre en 2015 cuando el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz la condenó por adjudicar irregularmente contratos de suministro a un funcionario del Ayuntamiento entre 2004 y 2010 para elaborar los bordados de las ninfas de fiestas locales por valor de 42.300 euros.

Sin embargo, ese mismo tribunal que le acusó y le envió a prisión, emitió un informe a favor de su indulto a comienzos del año 2018. Este informe, se basa en cuatro premisas que favorecen a Eva Corrales como la antigüedad de los hechos, la ausencia de antecedentes penales en el momento de las irregularidades, la falta de peligrosidad de la ex regidora y la "severidad" de la pena impuesta.

Semanas más tarde de que el Tribunal ratificase su condena, la ex alcaldesa de Rota presentó problemas de salud para no ingresar en prisión. Sin embargo, la patologías no era suficientemente graves como para evitar la entrada en prisión de Corrales, según el informa médico.

En el año 2015, Corrales dejó la política tras conocer la condena por este caso de irregularidades contractuales. Pero todo no iba a quedarse ahí, ya que tan solo un año después la ex alcaldesa roteña volvería a sentarse en el banquillo para declarar por el 'Caso Uniformes'.

Corrales tendrá que volver a la Audiencia de Cádiz para ser juzgada por un tercer procedimiento, Convenios Urbanísticos, con el que se pretende esclarecer "la adjudicación arbitraria de diversas obras públicas a la empresa Felipe Castellano a cambio de que éste comprase materiales de construcción y equipos de protección a las empresas de Lorenzo Sánchez".

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