Los menores maltratados, dos veces víctimas

En España cerca de 40 niños son maltratados a diario, el 90 por ciento de las veces en el ámbito familiar, y cuando sus casos llegan a los juzgados se convierten en nuevas víctimas, esta vez, de la escasez de medios del sistema judicial.

La presidenta de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia, María José Catalán, ha denunciado a EFE la falta de especialistas en los tribunales civiles y penales españoles, donde trabajan cerca de medio millar de psicólogos empleados públicos y un número indeterminado de externos.

Aunque existen diferencias en las ratios de personal en función de las zonas geográficas y de si están transferidas las competencias de justicia (cinco regiones aún no las tienen), el denominador común, según Catalán, es la acumulación de expedientes, lo que impide a los psicólogos efectuar evaluaciones en las horas inmediatamente posteriores a que llegue la denuncia.

"Trabajamos sobre todo con menores" -dice la presidenta de los psicólogos forenses-, víctimas de maltrato y abuso sexual que pueden tardar meses o incluso años en denunciar a sus agresores, y que se enfrentan después a esperas de hasta ocho meses para ser evaluados por los psicólogos judiciales.

Para la presidenta de la asociación que engloba a estos profesionales, la psicología forense debería ser un servicio "urgente" que se prestara en el momento en que "eclosiona" la denuncia puesto que, hasta que no se dispone del informe pericial, no se pueden adoptar medidas de tratamiento psicológico que lleven a la recuperación del menor.

Según María José Catalán, es muy conveniente, además, que se pueda evaluar a la víctima de forma inmediata para que su relato no se vea corrompido por el paso del tiempo y pierda detalles que pueden acompañar al episodio central del abuso o maltrato.

Catalán asegura que es muy positivo para la evaluación psicológica conocer matices que se esconden con el tiempo, percepciones del dolor y otros aspectos aparentemente superfluos para el niño que, sin embargo, son fundamentales y llevan al profesional a componer su historia vital.

Además, según advierte, por esos fallos del sistema judicial y la falta de una evaluación inicial, los pequeños pueden llegar a enfrentarse a varios interrogatorios durante todo el proceso, lo que modifica la "huella" de la memoria y lleva a las víctimas a introducir, aún sin quererlo, cambios en el relato de los hechos.

Los psicólogos forenses, que entraron en 1983 en los juzgados españoles para auxiliar a jueces y fiscales en problemas de custodia o abusos sexuales, entre otros muchos asuntos, denuncian que la saturación de estos órganos afecta de igual modo a víctimas adultas y menores, si bien para estos últimos los retrasos son doblemente dolosos y afectan al desarrollo evolutivo de la víctima.

La presidenta de estos psicólogos, tras criticar la falta de convocatoria de oposiciones durante muchos años, opina que cada año se contabilizan más denuncias de maltrato infantil porque hay mucha más sensibilidad que en el pasado, aunque subraya que, por la experiencia de los psicólogos clínicos, los casos que llegan a los tribunales son aún minoría.

De hecho, la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) sostiene que el 15 por ciento de la población ha sufrido maltrato en la infancia de algún tipo, aunque el 85 por ciento de los casos se desconoce.

Para los psicólogos forenses no es un tema baladí denunciar estas situaciones porque el silencio mantenido durante años deriva en un amplio abanico de psicopatologías, desde trastornos depresivos a alimentarios o de la esfera sexual, entre otros muchos, que se producen en función de la intensidad del maltrato, de la frecuencia y cronicidad o de la relación afectiva entre víctima y agresor.

Junto a una mayor dotación de personal, estos especialistas reclaman que se regularice la formación continua que reciben, que se establezcan guardias en los juzgados para atender en las primeras horas a las víctimas de violencia de género y de abuso sexual, y que las administraciones estatal y autonómicas les doten de la plantilla suficiente para poder atender la cada vez mayor demanda asistencial.