La Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cuestionado que las empresas titulares de las centrales nucleares puedan pedir prorrogar la vida útil de estas instalaciones más allá del año 2035, ya que ello les obligaría a acometer inversiones que pondría en riesgo su rentabilidad.
"En general, cuando una empresa de estas característica introducen en su calendario de actuaciones e inversiones hitos importantes, tienden a ser bastante respetuosos y no veo fácil el que puedan acometerse cambios muy relevantes en el funcionamiento y en el calendario que están manejando", ha explicado la titular de Transición Energética en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.
En su opinión, "(las empresas) están viendo que el volumen de inversiones que requiere acometer un nuevo ciclo en estos emplazamientos no es la solución más rentable para su objeto de negocio, que es producir electricidad". Según Rivera, "hoy existen otras tecnologías que, incluso si se acometen la inversión 'ex novo', resultan más competitivas en el mercado que no renovar".
En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales para retrasar el cierre hasta 2035 en vez del plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba la clausura a no más tardar de 2028, la ministra ha defendido el cierre "ordenado" que supone ampliar el calendario inicial.
"El resultado de las conversaciones es un cierre que empieza en 2025 y termina en 2035, diez años en el que Enresa puede operar con total tranquilidad y seguridad y en el que cada uno de los titulares de las centrales deben someter su solicitud de prórroga o cierre autorizado de la planta al Consejo de Seguridad Nuclear".
