El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha notificado a la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) el acuerdo de pleno municipal por el que la corporación decidió el pasado 4 de abril de 2019, por unanimidad, declarar la nulidad de pleno derecho del convenio de colaboración en el que el consistorio asumía la gestión de los alojamiento provisionales integrados en lo que se denominó Unidades Vecinales de Absorción (UVA), 1.495 viviendas de las barriadas Mirasierra y Los Junquillos, de titularidad de la Junta de Andalucía.
El ayuntamiento entiende que concurren las causas de nulidad de pleno derecho recogidas en los apartado b y c del artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al haberse aprobado el convenio por órgano manifiestamente incompetente, pues se firmó por la Alcaldía sin que haya constancia de su aprobación por el Pleno, ni autorización para la firma, y porque se prescindió total y absolutamente del procedimiento legamente establecido al no existir expediente administrativo alguno previo a la rúbrica.
Hay que recordar que este convenio fue suscrito en el año 2004 por el entonces alcalde, Juan Carlos Juárez, comprometiendo al ayuntamiento a gestionar los alquileres de las UVA y a destinar lo recaudado a la conservación de estas viviendas. No obstante, en 2009 coincidiendo con la crisis del ladrillo, el propio Juárez solicitó a la administración autonómica la revocación del acuerdo, aportando informes sobre la nulidad de pleno derecho y argumentando la merma económica que suponía para las arcas municipales, dado el alto índice de morosidad de los inquilinos y el alto coste que para el ayuntamiento tenía esta gestión. A finales de 2012, Gemma Araújo también inició un expediente para resolver el convenio, junto a una orden de suspensión de la gestión por parte municipal. No obstante, tras una reunión en Sevilla con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), decretó levantar dicha suspensión y mantener la vigencia del acuerdo.
Desde febrero de 2016, se han realizado varios intentos con AVRA para terminar con este convenio de mutuo acuerdo, sin que la empresa pública autonómica haya dado respuesta. Por ello, una vez obtenido el dictamen favorable a la nulidad de pleno derecho por parte del Consejo Consultivo de Andalucía, que inició un expediente de revisión de oficio a instancias municipales, el pleno del pasado 4 de abril declaró la nulidad. Asimismo, a propuesta de la concejalía de Vivienda, el pleno estableció un periodo transitorio hasta el 30 de septiembre próximo, para una vez transcurrida esa fecha, devolver la competencia a la Junta de Andalucía y facultar al alcalde a mantener las reuniones necesarias con esta administración para el correcto traspaso y revocación de la delegación de competencias.
El teniente de alcalde delegado de Vivienda, Mario Fernández, subrayó lo lesivo de este convenio, no solo para el consistorio, sino para los usuarios de los alojamientos “que llevan años requiriendo la rehabilitación de sus viviendas, y lo máximo que han obtenido ha sido un pintado en época de Juárez y unos contratos de 14.000 euros en 2017; 21.780 euros en 2018, y 18.150 euros en 2019, con los que hemos reparado cornisas y voladizos que se están desprendiendo y que entrañan riesgo tanto para los usuarios como para los viandantes”.
