La Fiscalía ha pedido penas de tres años y seis meses de cárcel y dos años y seis meses de cárcel para dos hombres, respectivamente, acusados de un delito continuado de estafa supuestamente cometido sobre un concesionario de coches situado en la capital cordobesa, del que se quedó hasta seis vehículos. El juicio se prevé celebrar el día 23 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
Según recoge la calificación del Ministerio Público, en octubre de 2015 uno de los procesados, "guiado con ánimo de ilícito beneficio", acudió al concesionario para ofrecerse para trabajar como mediador-comisionista en la venta de vehículos a clientes de su propia cartera y se encargaría también de la gestión de la financiación, todo ello a cambio de una comisión que se fijó en 250 euros por vehículo.
De este modo, el acusado prestó sus servicios desde octubre de 2015 hasta enero de 2016, periodo en el que realizó hasta seis operaciones de venta de vehículos, "en las que con diversas maniobras fraudulentas y en connivencia en cinco de las citadas operaciones con el otro acusado, consiguió apropiarse para sí de los vehículos vendidos, en perjuicio de las entidades financieras, del concesionario y de los compradores".
En concreto, el procesado gestionaba a los clientes "la compra financiada de vehículos del concesionario, recabando de los compradores la documentación oportuna". Una vez aprobada la operación, "los clientes firmaban los contratos de préstamo, procediendo el concesionario a matricular telemáticamente los vehículos a nombre de estos", según relata el fiscal.
Al respecto, apunta que "todos los clientes residían fuera de Córdoba", de manera que el acusado "obtuvo autorización bien de los clientes, bien del concesionario, para retirar los vehículos con toda la documentación y entregarlos en sus domicilios, cosa que nunca hizo", por lo que se apropiaba "definitivamente de ellos, desconociéndose el actual paradero de los mismos".
Por tanto, los compradores no recibieron los coches matriculados a su nombre, a pesar de lo cual las entidades financieras les reclaman las cuotas de los préstamos contratados.
En este sentido, el presunto fraude asciende a más de 84.000 euros, al tiempo que el Ministerio Público precisa que el principal acusado, que cuenta con antecedentes, es investigado por su intervención en la compra financiada de otros dos vehículos más en un concesionario de Valladolid, hechos que se siguen en otro procedimiento.
