El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arcos ha decidido abrir causa contra casi todo el equipo de Gobierno que permaneció en el poder entre los años 2011 y 2015 (formado por siete concejales del PP y otros siete de Ai-Pro) por el supuesto delito de enchufismo laboral en el Ayuntamiento de Arcos. El proceso es contra el exalcalde José Luis Núñez y sus concejales Sebastián Ruiz, Manuel Erdozain, Carlos de la Barrera, Manuel Romero, Petri Macías, Juana Morales, Francisco Muñoz, Domingo González, María Elena Miras, Rosario León y Leopoldo Pérez. También se encuentra en el sumario el exinterventor municipal José Antonio Fernández de Álava.
Una vez practicadas las diligencias en torno al proceso que dio inicio hace más de cinco años, ahora se intentará demostrar si hubo o no prevaricación y tráfico de influencias en la actuación de los citados ediles, que supuestamente firmaron contratos en favor de familiares y personas allegadas sin superar ningún tipo de proceso legal.
Entre los años 2011 y 2015 el alcalde y el resto de investigados anteriormente mencionados, “prescindiendo del procedimiento alguno de selección preceptivo, celebraron numerosos contratos laborales ilegales, concediendo un empleo a quien ellos estimaban conveniente, en algunos casos por exclusivos vínculos familiares o políticos”, señala el auto del juzgado.
Además, el documento deja constancia de cómo el alcalde y los concejales se valieron supuestamente de sus cargos para llevar a cabo los contratos, para lo cual incluso se cita a las personas contratadas y sus supuestos vínculos.
El auto explica también que el entonces delegado de Hacienda y Personal, Carlos de la Barrera, “actuó concertadamente, especialmente con el alcalde José Luis Núñez, perfectamente conocedor de las contrataciones ilegales”, de las que supuestamente fue advertido en noviembre de 2013 y junio de 2015 por parte del interventor accidental, Antonio Muñoz, quien ha sido exculpado de este caso por la Justicia.
Asimismo, señala que los concejales se habrían servido de la colaboración pasiva de el exinterventor José Antonio Fernández de Álava, que no habría formulado reparo alguno y habría autorizado los pagos de las nóminas correspondientes, a pesar de tener conocimiento de que las contrataciones se habrían realizado de forma ilegal, prescindiendo de procedimiento de selección alguno.
Así, el juzgado número dos considera necesario abrir proceso por la participación de los citados en un supuesto delito continuado de prevaricación y de tráfico de influencias.
Las únicas concejalas que se quedan fuera del proceso son Mercedes Álvarez, de Ai-Pro, y Catalina Pérez (PP), ya que no habrían participado en el contrato de ninguna persona en el Ayuntamiento, por lo que la Justicia ha tenido a bien no implicarlas.
Se da la circunstancia de que los concejales Domingo González, Juana Morales, Manuel Erdozain y Leopoldo Pérez continúan siendo concejales en el Ayuntamiento de Arcos, una vez que han concurrido a las últimas elecciones municipales aun estando imputados por este caso. De hecho, Domingo González y Leopoldo Pérez lo hicieron como cabezas de lista en sus correspondientes formaciones, el PP y Ai-Pro.
