La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que paralice la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Alemania (Berlín), Reino Unido e Irlanda (Londres) y Suiza (Ginebra), por considerar que están vulnerando la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y actuando "con singular intensidad" para un proceso secesionista que ha sido declarado inconstitucional.
Según fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por Europa Press, la petición se presentó este lunes, como medida cautelar en el marco del recurso contencioso administrativo interpuesto en 2018 contra el decreto de la Generalitat que restablecía estas tres delegaciones y las de Estados Unidos, Francia e Italia. Todas ellas habían sido cerradas en noviembre de 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La denuncia ante el TSJC apunta que el restablecimiento de las oficinas exteriores de la Generalitat persigue un "fin inconstitucional como es la creación de una estructura de Estado, al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista inconstitucional, con grave perjuicio, además, para la política exterior de España".
Según Exteriores, si bien la actividad de las delegaciones de la Generalitat en el exterior se está revelando, en su conjunto, dañina para los intereses del Estado, se ha podido constatar que la que llevan a cabo las delegaciones en Berlín, Londres y Ginebra "responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista de Cataluña que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos".
El Gobierno ya avanzó la semana pasada que la Abogacía del Estado estaba estudiando pedir medidas cautelares en relación con las delegaciones de la Generalitat para evitar actividades "perjudiciales para los intereses del Estado". Anunció también que recurriría la última tanda de oficinas creadas por la Consejería de Acción Exterior de la Generalitat, en Argentina, Túnez y México.
En cuanto a las de Londres, Berlín y Ginebra, el escrito presentado este lunes ante el TSJC justifica las medidas cautelares en que las delegaciones "se encuentran en funcionamiento y contraviniendo de forma evidente con su actividad entre otros, un título competencial y exclusivo del Estado, como las relaciones internacionales como límite de la acción exterior de las comunidades autónomas".
Un portavoz de Exteriores ha asegurado que el Ministerio lamenta tener que solicitar estas medidas, pero que "no se le deja otra opción" para preservar la competencia exclusiva del Estado para "establecer medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas".
ACCIÓN EXTERIOR SÍ, PERO EN EL MARCO CONSTITUCIONAL
En cualquier caso, subraya que no se discute la legítima "acción exterior" de Cataluña, como de cualquier otra comunidad autónoma, dentro del ámbito de sus competencias, conforme al ordenamiento constitucional y estatutario.
La apertura de las oficinas de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia, Estados Unidos e Italia fue anunciada en junio de 2018 y recurrida en septiembre por Exteriores, ya que la Generalitat las abrió sin pedir el informe previo, preceptivo pero no vinculante, al que obliga la Ley de Acción Exterior.
El Govern alegaba que era una reapertura de oficinas cerradas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No obstante, el recurso está desde entonces en el TSJC.
TRES TANDAS DE 'EMBAJADAS'
Después llegó una segunda tanda de oficinas, en Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut, para las que la Generalitat sí pidió el informe previo del Gobierno central. En noviembre, Exteriores informó en contra de su apertura, por considerar que "su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado" por la Generalitat, es "apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España". Sin embargo, como el informe no es vinculante, la Generalitat siguió adelante con ellas.
Hace una semana, la Generalitat aprobó formalmente la creación de tres nuevas oficinas, en Argentina, México y Túnez. El anuncio sorprendió al Gobierno central porque, si bien el Govern había pedido el informe preceptivo para abrirlas, no esperó a recibir la respuesta para crearlas.
Exteriores emitió un informe desfavorable a estas oficinas, por considerar que su apertura es "lesiva para los intereses del Estado", teniendo en cuenta "el objetivo declarado del actual Gobierno de la Generalitat de emplear todos los medios a su alcance para la llamada internacionalización del 'procés'". Además, anunció que las tres oficinas serían recurridas.
