El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha manifestado este martes que "a todos nos une un objetivo común y es que nadie se quede en la calle" en referencia al tema de la ocupación de las viviendas de la Policía Nacional tras una reunión mantenida con los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento de la capital.
A la cita han acudido Mara Rodríguez (PSOE), Juancho Ortiz (PP), Sebastián Alba y José Antonio García (Ciudadanos) y Eva Tubío (Adelante), aunque esta última ha hecho constar que venía como edil de Vivienda en el Consistorio gaditano y no en representación del alcalde.
En una nota, el subdelegado ha subrayado que "los poderes públicos tenemos la obligación de cumplir la Ley y no provocar agravios comparativos con aquellos policías que acataron la normativa y entregaron su vivienda cuando dejaron de formar parte del Cuerpo Nacional de Policía".
Pacheco ha explicado que dicho proceso comenzó en 2018 por tres motivos, tales como "la solicitud de información que los sindicatos y plantillas policiales realizaron acerca de la ocupación y el título habilitante con respecto a 48 viviendas policiales de un total de 1692 en toda España".
En segundo lugar, se produjo por "la necesidad de rehabilitar las viviendas, para lo cual se ha hecho un plan de mejora de infraestructuras" y, como tercer motivo, por "la necesidad de dar respuesta a funcionarios que necesitan una vivienda por traslado".
A partir de ese momento, la División Económica y Técnica de la Subdirección General de Logística e Innovación inició un procedimiento de aviso para la desocupación de las mencionadas viviendas comunicando a los afectados la obligación de abandonarlas, siendo la fecha de Cádiz el pasado mes de marzo.
Pacheco ha recordado que "la base jurídica por la cual el Gobierno de entonces basó su iniciativa son las Normas para la asignación, uso y desalojamiento de los pabellones de las Fuerzas de la Policía Armada publicadas en la Orden General número 25 de 5 de agosto de 1968, aún en vigor".
En este sentido, la décima de esas normas especifica que "terminara el uso del pabellón asignado y, en consecuencia, se procederá el desalojamiento en el caso de retiro forzoso por edad, traslado, pase al ejército o fallecimiento del usuario".
En el caso de Cádiz, según ha añadido el subdelegado, "hablamos de siete viviendas, de las cuales tres están ocupadas por antiguo personal policías y cuatro por hijos o personal sinascendencias sobre los ocupantes iniciales".
En cualquier caso, el subdelegado se ha comprometido a "elevar las conclusiones de la reunión a la Dirección General de Policía, a estudiar los casos de manera individualizada y buscar respuesta a aquellos casos en los que se determine que haya un problema social".