Agentes de la Policía Nacional han formulado en lo que va de año un total de 12 denuncias que han sido presentadas ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz contra empresas y personal no habilitado con motivo de la detección de otros tantos casos de intrusismo en el sector de la Seguridad Privada en la provincia de Cádiz.
En una nota, la Policía ha destacado que las intervenciones han sido realizadas a través de las unidades de Seguridad Privada de las comisarías de la provincia para velar por el cumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, la cual "reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección respectivamente".
La mayoría de los casos detectados se producen en el ámbito de la construcción, "donde las empresas buscan protegerse, mediante la contratación de personal "low cost" ante robos de materiales de
construcción u ocupaciones de fincas listas para la entrega a sus legítimos propietarios".
Los casos de intrusismo, según ha agregado, no se circunscriben a este tipo de actividad, sino que "también se dan en la vigilancia de comunidades de vecinos, explotaciones agrícolas e industriales, puertos deportivos y en garajes comunitarios, donde en la mayor parte de los casos se intenta camuflar la prestación de un servicio efectivo de vigilancia y protección de bienes y personas simulando actividades de mantenimiento o de conserjería inexistentes".
De esta manera, se pretende ahorrar el coste adicional que supone la contratación de una empresa de seguridad para que ésta le aporte el personal habilitado que necesita, que, "además cuenta con la formación necesaria, ha pasado un riguroso proceso selectivo para su habilitación por el Ministerio del Interior y está sometido al control de la Dirección General de la Policía en el caso de los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, detectives y escoltas privados, o al de la Dirección General de la Guardia Civil en el de los guardas rurales de campo y los guardapescas marítimos".
La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado se encuentra "severamente" castigado en la referida Ley de Seguridad Privada "con multas que en los casos más graves para las empresas oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil".
En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten, la cuantía de las sanciones por intrusismo van "desde los 6.001 a los 30.000 euros". Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado.
En tres de los casos, los trabajadores no habilitados contaban con un "amplio" historial delictivo, principalmente por delitos contra el patrimonio y contra la integridad física de las personas, y en otra de las ocasiones por tráfico de drogas.
Igualmente, en otra de las situaciones denunciadas, al trabajador intruso le fue intervenido un dispositivo lanzadestellos, similar a los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que colocaba visible en el techo de su vehículo a fin de ahuyentar a posibles ladrones.
Paralelamente, además de a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, en varios de los casos se dio cuenta a la Delegación Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de presuntas irregularidades detectadas en la contratación de los "intrusos" y de las precarias condiciones laborales a las que las empresas para las que trabajan comúnmente someten a sus empleados, pues son muy habituales las interminables jornadas de trabajo y unas cotizaciones mínimas a la Seguridad Social.
