No obstante, lo que en principio parecería una respuesta bastante pobre por parte de los magistrados fue interpretada positivamente por el recientemente nombrado juez decano de Algeciras, Jesús Manuel Madroñal, quien cifró en un 55 por ciento el seguimiento del paro voluntario teniendo en consideración que cinco de los 17 jueces son sustitutos y que otros dos están de baja.
A este paro voluntario decidieron no unirse, sin embargo, otros cinco jueces, incluyendo a los tres magistrados que actualmente ejercen su labor en la Sección algecireña de la Audiencia Provincial. Sí que acudió en solidaridad el juez decano de San Roque, Alberto Rivera Miranda.
La medida de protesta convocada por la Asociación Profesional de Magistratura (APM) para ayer jueves se justifica en un manifiesto a nivel nacional a cuya lectura procedió Madroñal a mediodía de ayer en presencia de los periodistas. Las claves de este documento son la “decepción” que sienten los jueces ante la infructuosa negociación con el Ministerio de Justicia, unas conversaciones iniciadas con el objeto de elevar la categoría de la administración de Justicia en España a algo más acorde con el siglo XXI.
Esta modernización, que ya en anteriores ocasiones se había planteado en la forma de un sistema informatizado unitario como ya tienen otras administraciones, caso de Hacienda, va ligado también a la demanda de una suficiente dotación de medios.
El manifiesto indica claramente las diferencias insalvables con el resto de la Unión Europea (UE) donde los presupuestos en materia de Justicia implican un 3,14 por ciento de media de las partidas nacionales, por un paupérrimo 0,5 por ciento en el estado español.
Además, la relación jueces por 100.000 habitantes es en este país la mitad a la media europea, como también se recoge en el citado documento.
La huelga ha sido, no obstante, un tanto “sui generis”, en palabras del propio Madroñal, quien reconoció que los jueces “han ido a trabajar temprano, como cada día”, pero que, si bien no han llevado a cabo sus labores procesales habituales, han tenido que cubrir en cada caso los servicios mínimos (presos, Registro Civil, labores de guardia o violencia contra la mujer). Además, todo el personal funcionario sigue trabajando.
Por todo ello, Madroñal resumió la jornada de protesta como un hecho que ha provocado una “mínima incidencia” en el funcionamiento de los juzgados. En la Audiencia, por otra parte, se dio el caso de que los dos juicios previstos se suspendieron por incomparescencia de los acusados. En uno de ellos, una apelación por salud pública, el abogado defensor tampoco compareció al pensar que el juicio se suspendería a raíz de la huelga.
La actual polémica desatada por la renuncia al servicio de los depositarios judiciales, con los que la Junta de Andalucía, responsable de las competencias en materia de Justicia, contrajo una deuda de unos 40 millones de euros, así como el cese del servicio del taxi para el traslado de notificaciones o embargos fueron también abordadas en la protesta.
Madroñal indicó, a este último respecto, que “por recortes presupuestarios no podemos eliminar este tipo de servicio”, como tampoco considera de recibo el juez decano que los policías “se vean obligados a estacionar los vehículos intervenidos en el Puerto por los depositarios judiciales impagados”.
