La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investigue a Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, y al exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías por los delitos de prevaricación y malversación en la concesión de ayudas a la empresa cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego Campocarne y Primayor. En un escrito fechado el 18 de noviembre y actualizado el día 29, adelantado por Diario de Sevilla, el Ministerio Público pide al Juzgado de Instrucción número 6 que incoe diligencias previas para investigar las subvenciones concedidas en 1999 a la empresa de la capital jiennense. Anticorrupción también pide que se investigue a otras trece personas, entre ellas el también ex consejero jiennense Francisco Vallejo, también condenado en la causa de los ERE. Anticorrupción realiza esta petición tras examinar documentación relacionada con el caso Hamsa, una pieza separada de la causa matriz de los ERE, y comprobar que la Junta concedió ayudas sociolaborales a Hamsa y luego a Primayor “tendentes a costear los planes de prejubilación” de sus trabajadores.
“De manera paralela en el tiempo”, prosigue el escrito, el Gobierno andaluz decidió dar otras ayudas “a modo de anticipo bajo la figura de un préstamo puente” por un importe máximo de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros), con un plazo de amortización de seis años y tres de carencia. Así consta en el acta del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) del 29 de octubre de 1999. Anticorrupción solicita al juez que incoe una nueva pieza cuyo objeto sería “determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad” que advierten en la concesión de ese crédito puente, ya que “podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a Campocarne e, indirecta y posteriormente, a Primayor”. La Fiscalía cree que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación. “El préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y al menos hasta febrero de 2005 no había sido amortizado”, denuncian los fiscales, para quienes la posible malversación se consumó “cuando el importe del préstamo deja de ser considerado un activo para el IFA y pasa a ser una pérdida”, algo relevante para la prescripción del delito. Según la Fiscalía, al tratarse del tipo agravado de malversación, el plazo de prescripción es de 15 años y el préstamo aún “no había supuesto un gasto" para la agencia pública el 1 de febrero de 2005, por lo que el delito prescribiría a partir de febrero de 2020.
