Gobierno argentino logra aprobar ley de emergencia por la crisis

El Senado argentino sancionó en la madrugada de este sábado la ley de "emergencia pública", un amplio paquete de medidas e impuestos con el que el nuevo Gobierno del peronista Alberto Fernández busca hacer frente a la crisis social y económica que atraviesa el país.

Tras una sesión parlamentaria que duró casi 12 horas, esta "megaley", considerada clave por la nueva Administración para frenar la recesión, salió adelante con el voto a favor de 41 senadores, frente a 23 negativos en contra y una abstención.

La sesión extraordinaria representó el debut de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), actual vicepresidenta del país, como titular del Senado y comenzó luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto en la madrugada del viernes, tras otras 15 horas de debate.

FACULTADES ESPECIALES PARA EL PODER EJECUTIVO

La Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva declara la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega al Ejecutivo facultades especiales hasta el 31 de diciembre de 2020.

El senador oficialista Carlos Caserio afirmó en el debate que la ley permitirá "poner a la Argentina en movimiento" porque "la situación es realmente grave".

El legislador, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, aseguró que "la emergencia es el modo para salir rápidamente de este problema" y llamó a la oposición a aprobar el texto.

El senador Esteban Bullrich, de la coalición Juntos por el Cambio ahora opositora, afirmó ante el pleno que este "es un día triste para la república".

"Escuchando las palabras del presidente Fernández me había esperanzado del llamado al diálogo. Pero esa esperanza se diluye con este proyecto de ley porque ignora las instituciones, hace de este Congreso una herramienta inútil para la construcción de consensos", sostuvo Bullrich al cuestionar la "megaley" que impulsa el peronismo.

IMPUESTOS Y CAMBIOS EN LAS JUBILACIONES

La norma prevé, entre otros puntos, el congelamiento por 180 días de las tarifas de servicios públicos para su revisión y la suspensión del ajuste de las jubilaciones para reformular el sistema de pensiones.

La iniciativa es muy amplia y entre sus otros puntos salientes destacan la creación y el aumento de algunos tributos, un asunto clave para resolver los desequilibrios fiscales del país, y temas de la deuda pública, otro de los problemas acuciantes a resolver en el corto plazo.

El texto incluye la creación de un impuesto denominado "país" (impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria) que gravará con una tasa del 30 % la adquisición de divisas extranjeras para atesoramiento, la compra de pasajes y paquetes turísticos en dólares para viajar al exterior y los gastos que se hagan en moneda extranjera dentro y fuera del país.

Además, el Ejecutivo pretende aumentar otros impuestos y los derechos a las exportaciones de productos agrícolas, que se podrán incrementar hasta el 33 % en el caso de la soja, el principal cultivo de Argentina.

La ley entrará en vigor una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial.

FIN A LAS JUBILACIONES DE PRIVILEGIO

Entre los cambios realizados por los diputados, se decidió excluir de la suspensión del sistema de ajuste de las jubilaciones a los regímenes especiales, como el que rige las asignaciones de las autoridades del Poder Ejecutivo y el Judicial, lo que generó una amplia polémica.

Ante las críticas que desató esta excepción, el presidente Fernández anunció esta tarde a través de su cuenta en la red social Twitter que ampliará el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso para que se "aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio".

El jefe de Estado remarcó que su objetivo es "garantizar la igualdad" y "trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos".

EL DEBUT DE CRISTINA FERNÁNDEZ

El de hoy fue el primer pleno del Senado tras la investidura, el 10 de diciembre pasado, de Alberto Fernández y Cristina Fernández como presidente y vicepresidenta del país, donde quien ostenta la Vicepresidencia también ejerce la titularidad de la Cámara Alta.

La viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) conoce bien ese organismo por haber ejercido como senadora en varios periodos y condujo sin sobresaltos la sesión, con excepción del cruce con un senador oficialista que la llamó "presidente".

Fernández rectificó diciendo: "Presidenta, perdón, senador, presidenta. Eso lo dicen los machistas".

La sesión se vio interrumpida por un cuarto intermedio solicitado por la oposición, que reclamó dos horas para poder leer el proyecto con cambios aprobado por los diputados porque el texto no había llegado a sus despachos antes del inicio del debate en el Senado.

Argentina, en recesión desde abril de 2018, arrastra alta inflación (los precios subieron el 52,1 % interanual en noviembre) y elevados niveles de pobreza, que se prevé que ronden el 40 % de la población a final de año.

SESIONES EXTRAORDINARIAS

De los 72 escaños totales de la Cámara Alta, el interbloque que agrupa a los sectores peronistas -encabezado por el Frente de Todos- es el mayoritario con 39 senadores, dos más que la mayoría absoluta; seguido por el del opositor Juntos por el Cambio, con 28; y 5 para otros partidos.

El principal grupo de la oposición se mostró en contra en la Cámara de Diputados y el Senado al considerar que el proyecto supone un fuerte ajuste, otorga un cheque en blanco al Gobierno y no responde a la situación real del país.

En medio de la urgencia por la situación económica, el pasado 12 de diciembre, solo dos días de asumir el poder, el Gobierno convocó sesiones extraordinarias del Congreso durante el receso vacacional de diciembre para tratar varios proyectos de ley de carácter urgente, entre ellos este para enfrentar la "emergencia económica".

En un decreto presidencial, Fernández llamó a realizar sesiones entre el 13 al 31 de este mes, periodo que habitualmente coincide con el periodo vacacional de las Cámaras de Diputados y Senadores por el verano austral, que culmina el 1 de marzo con la apertura solemne de sesiones por parte del jefe de Estado.