La Fiscalía Provincial de Almería ha archivado la denuncia presentada el grupo IU-TD-EQ de Roquetas de Mar contra las declaraciones de compatibilidad de los concejales expulsados de Vox por elevarse el sueldo en el Consistorio roquetero Antonio López y Francisco Barrionuevo al considerar que si bien los expedientes "no han sido tramitados correctamente" para acreditar sus actividades privadas, dicha "falta de diligencia" puede ser constitutiva de infracción penal alguna, sentido en que deja abierta la vía contencioso-administrativa para impugnar dicha resolución.
En su decreto, consultado por Europa Press, el fiscal archiva las diligencias de investigación abiertas inicialmente para determinar la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa y de tráfico de influencias en relación a las declaraciones de compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada emitidas por el Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a favor de las ediles, que pasaron posteriormente al grupo de no adscritos.
Así, desde el Ministerio Público se solicitaron al Ayuntamiento roquetero los expedientes completos que se tramitaron para la declaración de la compatibilidad, cuyo "análisis pormenorizado" ha llevado a la Fiscalía a determinar que los mismos "no ha sido tramitados adecuadamente" puesto que ni López y Barrionuevo acreditaron "los elementos necesarios para considerar que su actividad privada tiene el carácter de marginal".
La Fiscalía señala así que es "obligación directa" de los interesados acreditar "de forma fehaciente" que la actividad privada que ejercitan "merezca el calificativo de marginal, haciendo especial hincapié en el aspecto funcional, en el del horario, y en el económico". En este caso, según recalca el decreto, "no se ha acreditado de forma alguna esos extremos".
Pese a la ausencia en el expediente de los elementos necesarios para determinar el régimen de compatibilidad, según aprecia la Fiscalía, dicha "falta de diligencia" que debió de ser exigida por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en la solicitud de compatibilidad no supone "en modo alguno" una "infracción penal", por lo que resuelve el archivo de las actuaciones.
Aunque el Ministerio Fiscal archiva la denuncia, desde el grupo municipal considera que el decreto "da la razón" a la oposición en cuanto al procedimiento seguido para declarar la compatibilidad de actividades. No obstante, según han trasladado tras conocer la resolución, ven "incomprensible" que el fiscal "reconozca una irregularidad y que no tome medida alguna, sobre todo ante algo tan delicado como es el conflicto de intereses y el pago de salarios con dinero público".
