La imagen que ilustra esta noticia fue tomada a las 11.21 horas del 27 de octubre de 2008 y era ya la viva señal de la explosión de la paciencia al ver lo que estaba ocurriendo con la promoción de viviendas en la que habían invertido todos sus ahorros, en la mayoría de los casos.
La imagen que está dentro de la noticia fue tomada a las 11.49 horas del 10 de febrero de 2009, pocos meses después de la primera. Y no era ni la primera ni la segunda, porque el conflicto se venía viendo venir desde varios años antes. Y no era San Fernando el único caso -ni el único caso en La Isla de familias que habían ido entregando dinero a cuenta para viviendas sobre planos.
Los pisos en cuestión son los últimos que están en la Ronda del Estero, cerca de Gallineras, que la constructora Aifos comenzó a primeros de siglo y dejó parados incluso antes de que sus responsables fueran involucrados poco después en la Operación Malaya, una de las más grandes tramas de la época del ladrillo que llevó a prisión a decenas de personas sobre todo en la Costa del Sol.
En total fueron unos 330 compradores entre las dos promociones los que se vieron perjudicados con la particularidad de que pagaban a la empresa promotora pero en su mayoría no tenían avales bancarios, lo que les ha costado muchos años de espera y un fallo reciente del Tribunal Supremo. De hecho, en 2009 ya uno de ellos ganó el pleito a Aifos que debía devolverle 70.000 euros aunque la empresa entró en concurso de acreedores.
Siguen las sentencias
Ahora ha salido a la luz una nueva sentencia a favor de un denunciante de esta promoción y el tema vuelve a la actualidad por su aparición en la prensa, pero en realidad todo ha seguido su curso desde que comenzaron las denuncias en los juzgados al quedar paradas las obras. El abogado de San Fernando que representa a 120 propietarios de estas promociones, José Antonio Gamero, explicó a este periódico que actualmente hay 35 sentencias favorables a sus clientes, aunque para ello han tenido que pasar muchos años.
Se trata de mismo abogado que hizo que la Junta de Andalucía tuvieran que parar las obras del tranvía a indemnizar a su cliente al demostrar que las obras no contaban ni siquiera con un proyecto de ejecución.
José Antonio Gamera en la plaza San José con afectados de Aifos en 2009
Primero intentaron demandar a los bancos -el Banco de Santander, principalmente- por lo Mercantil, aunque salió mal por el hecho de que las entregas de dinero se hacían a la empresa promotora Aifos. Además de que había cuentas de ingreso hasta en una decena de entidades bancarias, lo que complicaba aún más los trámites.
No fue hasta que una sentencia del Tribunal Supremo crea jurisprudencia y deja clara la responsabilidad de las entidades bancarias. De acuerdo con esa doctrina jurisprudencial, “incluso en las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968, las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía, responderán frente a los compradores por el total”, señala la reciente sentencia.
A partir de 2018 es cuando comienzan a llegar al bufete de José Antonio Gamero las sentencias favorables de los tres Juzgados de San Fernando y dos denunciantes han cobrado ya lo que entregaron por la compra de la vivienda y por los intereses, un 3 por ciento desde 2004, 2005 y 2006 que se abonaron las cantidades y que en algunos casos supone el 50 por ciento de intereses.
O sea, que personas que entregaron una media de 60.000 euros pueden cobrar conforme vayan siendo firmes las sentencias unos 90.000 euros. Y haciendo números, los veinte millones de euros que se entregaron en las dos promociones, puede convertirse en 30 millones de euros para los bancos. Pues bien, a pesar de esa doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que se está aplicando ahora y que está haciendo que se emitan contantes sentencias favorables a los compradores, los bancos están retrasando la ejecución de las mismas a través de un recurso después de otro.
Es el caso del Banco de Santander que en la actualidad es el responsable de las operaciones que en su día llevaron a cabo Banesto y el Banco de Andalucía, principalmente.
Como es sabido, el estallido de la burbuja inmobiliaria hizo que muchas entidades pequeñas se vieran aplastadas por las deudas y se vendieran a entidades mayores. Es el caso de Banesto, que pasó al Santander y del Banco de Andalucía.
En este caso hay más historia porque Aifos, la empresa promotora, era uno de sus principales accionistas del Banco de Andalucía, lo que sobreexpuso a esta entidad a los efectos de la crisis al invertir cien millones de euros en activos de la firma malagueña. El Banco de Andalucía fue absorbido por el Banco Popular y finalmente éste por el Banco de Santander.
Se ha dicho anteriormente que el problema principal de los compradores era que no contaban con avales de los bancos, lo que una vez que la empresa promotora quebró pasaron años en los que los compradores tuvieron muy difícil cobrar al menos lo que habían entregado.
En el caso del Banco de Santander, era consciente de la deuda contraída con los compradores al no entregarse la promoción, ya que Banesto sí entregó avales de las cantidades recibidas. Al comprar Banesto, la entidad cántabra sabía de esos avales y de sus responsabilidades independientemente de la posterior sentencia del Tribunal Supremo.
Estafa y escarnio
Pero hay casos en los que los detalles son tan importantes como el total y este es uno de ellos. La Asociación Cala del Sol -por el nombre de las viviendas que compraron sobre planos- no sólo han visto cómo han pasado los años, los pisos no se construían, el dinero no se recuperaba. También ha asistido a la finalización de las obras que iban a ser sus viviendas, pero las entidades bancarias que absorbieron a las originales las vendieron a otros propietarios distintos dejando a un lado los derechos de los compradores originales. Por si faltaba algo en la operación con más damnificados que se dio en San Fernando.
Es verdad que no es el Banco de Santander el único que está ralentizando a base de recursos a todo y a todos que la tragedia de tantas familias tenga al menos un final, que no feliz por mucho que cobren.
También estuvo Unicaja en la primera de las fases, aunque con muy escasa exposición a la quiebra a la promoción. Y también La Caixa tras la absorción de entidades bancarias que participaron desde el origen.
En el caso de esta última entidad, el propio abogado José Antonio Gamero reconoce que es una “notable excepción” por cuanto siempre ha estado abierta al diálogo y a llegar a acuerdos con los ya antiguos compradores de las viviendas. Acuerdos extrajudiciales, claro está para solucionar el problema lo más pronto posible.
Mientras tanto, la entidad cántabra sigue prolongando una situación de más de trece años que ha dejado marcas no sólo en la economía de los compradores, sino en la salud de muchos.
