Uno de cada cuatro vehículos no supera la Inspección Técnica (ITV) en la provincia, según datos facilitados por Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa), sociedad responsable del servicio, y correspondientes a 2018. El 24,7% del rechazo se debe a deficiencias en alumbrado y señalización y el 19,1%, a problemas detectados en neumáticos, eje y suspensión. Como tercera causa apuntan a las emisiones contaminantes (13,3% de los casos) y, en cuarto lugar, al estado de los frenos (10,8%).
“Nuestro trabajo es referente en toda España”, asegura satisfecho Fernando Fuentes, coordinador regional de CCOO en la empresa pública, al comentar las cifras. Pero cambia el gesto cuando se le pregunta por qué, entonces, se ha puesto sobre la mesa la posible venta de la firma. Veiasa está de actualidad. La incertidumbre sobre su futuro es total, reconoce. Se ha cuestionado por primera vez un modelo público que funciona perfectamente y no se conocen las causas. Ni las consecuencias para los empleados y los usuarios.
Además, en los últimos meses se están produciendo colapsos y aglomeraciones en espera de conseguir cita, por falta de personal, que ha llevado a que los propietarios de vehículos hayan tenido que esperar hasta un mes y medio para poder pasar la ITV. No solo es una cuestión controvertida por las molestias ocasionadas. Si circulas sin el adhesivo que certifica el apto aunque tengas cita concertada, puede caerte una multa de 250 euros. Y, en caso de verte envuelto en un accidente, el seguro no responde. Veiasa da por superados los retrasos con contrataciones eventuales, pero el representante de CCOO advierte de que si no hay nuevas incorporaciones, volverán a producirse incidencias: la plantilla acusa un déficit de 200 efectivos y se han ampliado horarios, con atención de 7.00 a 20.30 horas, de lunes a viernes y de 8.00h a 13.00h los sábados, en cinco de las siete estaciones de la provincia.
En este sentido, lamenta que cualquier cambio organizativo o normativo se lleva a cabo sin la correspondiente dotación económica y de recursos humanos para su ejecución. O sin total garantía de cumplimiento. Es el caso de la reglamentación que obliga, desde 2017, a que en las ITV se solicite la acreditación de vehículos reparados en talleres legales en los casos desfavorables por defectos graves.
El gerente de la Asociación de Reparadores de Automóviles de la Provincia de Cádiz (Asoreca), Carlos Cidoncha, advierte de que no se está cumpliendo siempre y, por otro lado, que el texto legal deja abierta la posibilidad de apelar a la autoreparación para salvar el trámite. Esto, que solo debería ser válido para vehículos clásicos, se aplica con total manga ancha y perjudica gravemente al sector en beneficio de los talleres ilegales. Es cierto, admite, que el número de establecimientos clandestinos se ha reducido en los últimos años, con unos 200 aproximadamente en la actualidad, pero pide mayor control y concienciación por parte de los consumidores. El papel de la Guardia Civil y la Policía Nacional es fundamental. “Hemos conseguido que muchos regularicen su actividad”, asegura, pero en ocasiones, cierran para abrir en alguna otra zona también sin darse de alta.
El control es mejorable. Plantea que las inspecciones puedan saldarse, en caso de irregularidades, con cierres provisionales. Y reclama, sobre todo, coordinación entre los que participan de una manera u otra en el proceso: Veisa, Ministerio de Industria, empleados de ITV, talleres y propietarios. “Es lo ideal”, remacha Fuentes.
