La muerte de Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en la finca de unos familiares en Totalán (Málaga) en enero de 2019, desató la alarma social dado que el lamentable suceso reveló el gran riesgo existente para las personas, y también para los animales, por la deslocalización y el abandono de sondeos en desuso o negativos sin cumplir las medidas adecuadas de cierre y sellado. Se supo entonces que las cifras que se manejaban en torno a prospecciones al margen de la normativa alcanzaban el medio millón, de acuerdo a los datos del Gobierno publicados en 2006. Pero una filtración del gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente reconoció que podrían ascender a más de un millón en toda España.
La ausencia de información y transparencia por parte de las administraciones llevaron al ejecutivo a anunciar la intensificación del control de los pozos ilegales. Justo un año después la Guardia Civil ha hecho públicos los datos de la operación Mizu, desarrollada en 2019 para vigilar y controlar los acuíferos subterráneos y los superficiales.
Los agentes de la Benemérita han localizado 1.500 prospecciones y balsas irregulares para regadío en España. Solo en Andalucía se han llevado a cabo 442 inspecciones, se han anotado 730 infracciones administrativas y otras 18 penales. Además, según información facilitada por la Delegación del Gobierno, ha habido una veintena de detenidos. Por su parte, Cádiz, con 107 delitos administrativos y dos penales, suma además un investigado.
En lo que concierne a Arcos, entre el 22 de diciembre de 2017 y el 29 de julio de 2019 se han detectado veinte casos de prospección ilegal, pozos fuera de la Ley que han sido denunciados por la autoridad. De hecho, el propio alcalde del municipio, Isidoro Gambín, advertía del agotamiento de acuíferos coincidiendo con las obras que ejecuta la empresa Aqualia actualmente, precisamente para la construcción de nuevo pozo ante la rotura del llamado 5 Bis.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha advertido de que detrás de estas cifras, además del peligro a la seguridad física, existe un problema de primer orden.
