Lo que el alcalde de Barbate, Miguel Molina, calificó de hecho histórico, “tener a todas las administraciones sentadas en una mesa para ayudar” a la localidad, es hoy papel mojado. El acuerdo entre todas las fuerzas políticas en febrero de 2017 para abrir una vía de estudio en el plazo de un año para que el Gobierno, la Junta y el Consistorio, así como la plataforma Recuperar el Retín, buscaran la mejor manera de fomentar el desarrollo económico, social, cultural y ecológico del municipio, sigue sin dar sus frutos.
“No ha habido un Gobierno estable”, apunta Francisco González, presidente de la Unión de Empresarios de Barbate (UEB) y coordinador general de la plataforma, para explicar que “todo sigue igual”. Desde aquella jornada memorable en el Congreso de los Diputados, “hemos mantenido reuniones con los ministerios de Defensa y Hacienda, pero no ha habido avances”, agrega.
Han sido tiempos políticos turbulentos. Y con el nuevo Gobierno, ni siquiera ha dado tiempo de tomar contacto antes de que estallara la crisis sanitaria que ha paralizado el país. Las demandas, no obstante, siguen intactas. De las 13.626 hectáreas que integran el término municipal, solo quedan libres de cualquier tipo de afectación 2.352, algo menos del 18% del total, a lo que hay que sumar la zona de seguridad militar de 2 kilómetros alrededor del Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, que cubre la práctica totalidad del municipio.
“Necesitamos que (las administraciones) nos echen una mano mientras que los militares se van”, remarca. Porque en Barbate tienen claro que El Retín no va a estar destinado a uso militar de manera indefinida o, al menos, que habrá que redimensionar el espacio que ocupan las Fuerzas Armadas.
Pero, entretanto, los vecinos reclaman ver compensado de alguna manera el coste que tiene para el desarrollo económico y social destinar el 42% de sus terrenos a la defensa nacional y europea. “No queremos dinero”, aclara. Aquello ya se puso en marcha entre los años 2006 y 2010 y no tuvo éxito.
En los dos primeros ejercicios, cada uno de los siete municipios que se vieron beneficiados en España, Rota, San Fernando y Barbate entre ellos, ingresaron medio millón de euros. Sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero rebajó la cuantía a la mitad en los siguientes dos ejercicios hasta la supresión definitiva de estas subvenciones en 2011. El PP de Rota sostenía entonces que la cantidad que estimó inicialmente el PSOE para las arcas municipales ascenderían a 18 millones de euros, pero, en ese periodo, solo se recibieron 1.750.000 euros.
Luego, el ministro de Defensa con Mariano Rajoy como presidente, Pedro Morenés, negó la posibilidad de rescatar este mecanismo. En visita a La Isla, en abril de 2016, aseguró que la reclamación de compensaciones están “fuera de lugar. La Defensa es un asunto de todos los españoles, no de un determinado municipio”, y añadió que “nosotros hemos tenido problemas con los municipios precisamente por irnos, no por estar”, aludiendo así a que la compensación consistía en el beneficio que dejaban los militares por estar en las localidades.
González señala que lo que Barbate demanda, en cualquier caso, es un plan de reactivación económica y laboral y plantear inversiones en proyectos sostenibles e innovadores. El primer edil ha incluido en la lista de demandas, entre otras, el futuro del Punto de Inspección Fronterizo (PIF) del puerto de Barbate, la mejora de la carretera A-314 que conecta el municipio con Vejer de la Frontera, la circunvalación norte que mejoraría el acceso entre el puerto y la N-340, o la conexión entre Barbate y el núcleo poblacional de Manzanete, las depuradoras para Barbate-Zahara de los Atunes y Los Caños-Zahora-El Palmar, así como de la mejora energética de la localidad.
Añade, también la reparación de la deuda histórica con el pueblo. Y sugiere la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de acuerdo que dé un respiro a la Hacienda local. “Es una cuestión de voluntad política, no técnica”, subraya. Y, también, de oportunidad. Barbate tendrá que seguir esperando por el momento.
San Fernando reclama más suelo; Rota, más ingresos del Estado
San Fernando reclama la liberación de un kilómetro de la playa de Camposoto, afectada por un campo de tiro militar, pero nada se sabe sobre el estado de la negociación. Tampoco hay noticias sobre los terrenos de los antiguos polvorines de la Armada, 500.000 metros cuadrados en Fadricas pendientes de la renovación de un convenio firmado en 2012 por falta de proyecto para desarrollarlos. Por su parte, el alcalde de Rota, Javier Arana, reclama que la población ligada a la Base Naval, unas 8.000 personas, se cuenten como vecinos, lo que permitiría ingresar al Ayuntamiento dos millones de euros más por la Participación de Ingresos del Estado (PIE).
