La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha convocado a todos los portavoces de los distintos grupos políticos a través de una videoconferencia para informarles de las actuaciones que la institución provincial está desarrollando de la mano de los municipios en el combate al Covid-19 y para exponer las iniciativas que la Corporación puede tener en su mano a partir de ahora "para poder dar respuesta a las inquietudes que vienen planteando alcaldes y alcaldesas".
Así, según ha informado la Diputación en una nota, García ha dado cuenta de la campaña extraordinaria de desinfección en 40 localidades de la provincia, por un valor cercano a los 160.000 euros; del refuerzo de personal en las residencias de mayores que gestiona Diputación; y de los sucesivos, "aunque exiguos", repartos de equipos de protección individual que la Junta ha canalizado para su posterior distribución por parte de la Corporación provincial entre los municipios gaditanos.
"Los ayuntamientos son el cinturón de seguridad de sus vecinas y vecinos. Merecen la más alta consideración y la máxima atención por parte de Junta y Gobierno, y van a contar con toda la capacidad de acompañamiento en forma de recursos económicos que pueda movilizar la Diputación", ha asegurado la presidenta de la institución provincial.
Asimismo, ha agradecido al conjunto de portavoces de los grupos políticos que se sientan en el Pleno de la Diputación la actitud que están manteniendo durante el proceso de gestión de esta pandemia y ha anunciado su compromiso de mantener este tipo de contactos que, ya venían desarrollándose de manera individual con los representantes de los diferentes grupos que conforman el Pleno.
De esta manera, a la espera de que administraciones con otro ámbito competencial establezcan las posibilidades de actuación de la Diputación mediante los excedentes económicos del ejercicio 2019, Irene García ha explicado que "se cuenta con la posibilidad inmediata de movilizar recursos que están recogidos en el presupuesto corriente de 2020 de la Diputación".
Esta actuación "responsable" deberá convertirse en "un acompañamiento" a las aportaciones que necesariamente deberán asumir tanto Junta de Andalucía como Gobierno de la Nación, los dos niveles administrativos con competencias directas en este tipo de materias y, además, con una mayor capacidad financiera para asumir su desempeño.
"Nuestra propuesta es que toda asignación económica recogida en los presupuestos de la Diputación que no esté afectada a asuntos de especial urgencia o que no sirva para dar respuesta a otras situaciones de emergencia de colectivos, asociaciones y ayuntamientos, pueda destinarse de manera extraordinaria a combatir los efectos sociales y económicos de esta crisis", ha concretado Irene García.
En este sentido, ha señalado dos instrumentos concretos de Diputación que, tras ser reprogramados presupuestariamente, podrían financiar servicios sociales de emergencia requeridos en las actuales circunstancias: el plan contra la pobreza energética y el Plan de Cooperación Local.
Intervenciones que pueden fortalecerse y reorientarse para asistir a los ayuntamientos, y por ende a la ciudadanía con necesidades más acuciantes. "Hay que reconocer el papel que están ejerciendo los Ayuntamientos en estos momentos de especial dificultad y sin, de momento, disponer de recursos extraordinarios", ha resaltado.
De esta forma, la presidenta de la Diputación ha trasladado a los portavoces de los grupos políticos su decisión de recurrir en primera instancia a las posibilidades de actuación que ofrece, de manera inmediata, el presupuesto corriente del ejercicio 2020.
Además, ha anunciado que ya ha trasladado a las alcaldesas y a los alcaldes de municipios menores de 20.000 habitantes, así como de las diez Entidades Locales Autónomas de la provincia de Cádiz, su voluntad de convocar un Consejo de Alcaldías en el que pueda decidirse "de igual a igual", el destino de "todos los recursos económicos que la Diputación pueda liberar de forma más o menos inmediata" para los ámbitos de la atención social y del empleo.
La presidenta de Diputación también ha indicado a los portavoces de la Corporación provincial que ha solicitado formalmente a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, que exprese mayor concreción en el destino de los más de 51 millones de euros transferidos desde el Gobierno de España a la comunidad andaluza.
Al respecto, ha explicado que "alcaldes y alcaldesas reclaman que cese esa indefinición y les urge saber con qué fondos podrán contar para reforzar servicios sociales y adquisición de material higiénico y sanitario".
El planteamiento que la presidenta ha trasladado a los portavoces de los grupos políticos pasa por tres consideraciones previas. La primera responde a que la Diputación de Cádiz es "partidaria de movilizar todos los recursos económicos disponibles para dar respuesta a las necesidades sociales derivadas de la crisis del Covid-19". La gravedad de "una pandemia de proporciones desconocidas" exige la "altura de miras" necesaria para hacerlo, ha subrayado.
"Nuestra exigencia hoy se ve agravada por los trágicos datos que conocemos día tras día. Pero así hemos venido planteándolo también hasta ahora, cuando no nos habíamos enfrentado a una pandemia de proporciones desconocidas", ha explicado añadiendo que "esta provincia, que históricamente ha liderado todas las estadísticas de desempleo como consecuencia de unos niveles intolerables de paro estructural, ya era merecedora de un tratamiento en ese sentido".
La segunda consideración procede de que "ese carácter de excepcionalidad se acentúa ahora, cuando a los dramáticos efectos de esta pandemia en el ámbito personal van a sucederse otros, también de una elevada gravedad".
"Por ese motivo, desde la Diputación nos hemos dirigido al Gobierno de la Nación para plantear la posibilidad de que el destino de esos recursos se ajuste a las circunstancias particulares de cada territorio: en la provincia que lidera el paro, tal vez la principal actuación que podamos abordar sea una actuación ambiciosa en respuesta al desempleo", ha indicado García.
Por último, la tercera radica en que "hasta este momento, la Diputación ha sido un ejemplo en esa línea de actuación". "Año tras año tras la toma de posesión en 2015 del Gobierno provincial, se ha decidido destinar la cantidad máxima de la liquidación anual de los Presupuestos permitida por la legislación a realizar obras e inversiones en nuestro ámbito competencial", ha recalcado.
Así se ha hecho, según ha continuado la presidenta de Diputación, "con el objetivo de generar empleo de manera directa y de garantizar actividad a las empresas locales que mantengan o demanden un mayor volumen de mano de obra, primando además aquellas actuaciones en infraestructuras y equipamientos que en un futuro puedan convertirse en nuevas oportunidades de generar empleo y en desarrollo socioeconómico".