Según ha publicado esta semana Ecologistas en Acción, aprovechando la actual situación de excepcionalidad, el Parlamento de Andalucía ha convalidado -con los votos de PP, Cs y Vox- el decreto aprobado recientemente por el Gobierno de la Junta por el que se desrregulan numerosas actividades económicas, se reduce la participación pública y se eliminan garantías ambientales.
Para las principales organizaciones ecologistas, se trata de “un auténtico despropósito” que, con el argumento de agilizar trámites administrativos para reducir el impacto socioeconómico del Brexit y de la pandemia del coronavirus, la Junta de Andalucía cambie 21 leyes y seis decretos a través de una convalidación con un reducido número de parlamentarios a causa de la cuarentena.
“La mayoría de estas modificaciones nada tienen que ver con una pretendida simplificación de trámites burocráticos. Muy al contrario, pretenden reeditar el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales. Estos cambios legislativos y normativos pueden provocar importantes daños ambientales y territoriales y fomentar, de nuevo, entre otras cosas, la especulación urbanística, afectando también a otros sectores sociales y económicos”, advierten los ecologistas. Entre las principales modificaciones que afectan a cuestiones ambientales, destacan la ampliación de las actuaciones que se pueden declarar de Interés Autonómico, lo que facilita su tramitación y aprobación, como son: urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos, embalses, grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales.
También se modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para reducir plazos en la tramitación de planes urbanísticos, a pesar de la imposibilidad de la propia Junta de Andalucía de cumplirlos para evaluar informes, “con lo que se aprobarán sin las debidas garantías”, sospechan los ecologistas.
Además, se sustituyen los Planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable para la implantación de diversas infraestructuras, canteras y minas “por un mero informe”. Se elimina así la obligación de someter esos planes a Evaluación Ambiental Estratégica. Se modifica la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), sustituyendo el régimen de Autorización Ambiental Unificada al que se encontraban sometidos determinados proyectos y actuaciones por el de Calificación Ambiental, con muchas menos exigencias, y que aprueban los ayuntamientos. También se lleva a cabo la modificación de la Ley del Sector Público de Andalucía para “dinamizar” la privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía; se modifica el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, permitiéndose en los proyectos de recuperación voluntaria dejar los suelos contaminados confinados en el lugar donde se encuentren; y se modifica el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre para eliminar la obligación de dotar de red de alcantarillado y depuración conjunta de aguas residuales a las urbanizaciones ilegales que se pretendan legalizar. Por último, se modifica de la Ley de medidas frente al Cambio Climático, eliminando la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios.
Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, “si las formas y el momento de la aprobación son inaceptables, mucho más lo es el contenido y la justificación del Decreto. Éste es representativo de la forma en que la Junta entiende que debemos actuar al salir de la crisis”.
