Concretamente, la OMIC señala en dicho comunicado que "están afectados por esta obligación legal todos los usuarios de telefonía prepago que hayan adquirido un terminal antes del 9 de noviembre de 2007" y que "los que adquirieron su móvil con posterioridad a la fecha señalada ya están cumpliendo con la normativa vigente".
La OMIC advierte también que, "una vez que se pierda la línea por no facilitar los datos personales no existe ninguna posibilidad de recuperar la misma por parte del usuario, si bien los consumidores pueden adquirir otra tarjeta prepago, aunque les resultará imposible recuperar el antiguo número, debido a que las líneas dadas de baja estarán informáticamente inactivas durante varios meses, pudiendo posteriormente ser reutilizadas por la operadora, pero sin ninguna posibilidad de ser recuperadas por sus antiguos usuarios".
La OMIC señala a continuación que "los operadores de telefonía móvil han intensificado sus campañas informativas mediante el envío de SMS a los abonados que afectará la medida, pero al día de la fecha señalan que aproximadamente ocho millones de abonados todavía no se han identificado", explicando también que "para regularizar la situación, los particulares deben acudir a los puntos de venta de cada operador acreditando su identidad con el DNI, pasaporte o tarjeta de residente extranjero, mientras que las empresas afectadas deben realizarlo mediante la tarjeta de identificación fiscal".
En su comunicado, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) destaca también que, "según las propia Industria de Telecomunicaciones, existen dos colectivos especialmente vulnerables a no registrarse y perder su número: los extranjeros no residentes y los ancianos" y, en este contexto, explica que "si se tiene en cuenta que en estos momentos en Torremolinos existen 17.980 residentes extranjeros empadronados, a los que hay que sumar los que por diversos motivos no se han empadronado, se tiene una visión de la importancia de este asunto en nuestra ciudad, ya que muchos residentes extranjeros (alemanes y británicos, sobre todo) tienen teléfonos de tarjeta prepago que sólo usan en otoño e invierno, cuando vuelven a España, tras pasar los meses de verano en sus respectivos países de origen".
Control de datos
La OMIC explica asimismo que "esta obligatoriedad viene dada por la LEY 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, que en su preámbulo señala que "la naturaleza neutra de los avances tecnológicos en telefonía y comunicaciones electrónicas no impide que su uso pueda derivarse hacia la consecución de fines indeseados, cuando no delictivos".
"Es importante significar -añade la nota de la OMIC- que esta Ley no está vinculada a cuestiones de extranjería, es decir que no es una herramienta de persecución de inmigrantes, ya que estos datos quedarán en el operador de telefonía móvil y solamente podrán acceder a los mismos aquellos que la Ley denomina "agentes facultados", siendo éstos, como agentes facultados, los miembros de los Cuerpos Policiales autorizados para ello, en el marco de una investigación criminal por la comisión de un delito; el personal del Centro Nacional de Inteligencia, para llevar a cabo una investigación de seguridad amparada en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, así como los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el desarrollo de sus competencias como policía judicial, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 283 dela Ley de Enjuiciamiento Criminal".
"Resumiendo: Los datos pueden ser requeridos por orden de un juez, con la finalidad de detectar, investigar y enjuiciar delitos graves, ya que con esta nueva medida, las tarjetas prepago de teléfonos móviles dejarán de ser anónimas y los agentes de seguridad podrán conocer la identidad de su titular en caso de necesitarla para una investigación o enjuiciamiento de delito. Es decir, que el objetivo es claro: perseguir delitos penales graves, entre ellos aquellos que afectan a la seguridad nacional, como los de terrorismo. Basta recordar que los atentados del 11M en Atocha se realizaron utilizando artefactos activados mediante teléfonos móviles".