La Coordinadora Estudiantil de Sevilla (CES), formada por el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus), el consejo de estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide y el sindicato universitario Movimiento de Acción Estudiantil (MAE), ha exigido a los rectores de sus universidades que los estudiantes tengan el derecho a optar a una evaluación final presencial y que "refuercen las medidas de aprovisionamientos tecnológico" y doten de las condiciones necesarias a los alumnos para un seguimiento virtual del curso académico 2019/2020.
En un comunicado, la CES explica que desde que se publicó el 11 de abril el Documento Marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las universidades andaluzas por el coronavirus (Covid-19), la de Sevilla (US) y la Pablo de Olavide (UPO) "han tomado una serie de medidas que han contribuido a un aumento de la incertidumbre" en los estudiantes, "así como a perjudicar la correcta toma de decisiones en equidad para la comunidad universitaria bajo un mismo marco de actuación".
Los universitarios apuntan que una de las problemáticas fue "la de la notable brecha digital", frente a la que la US "dio tímidamente solución con una torpeza y retraso que perjudicó a aquellas sin los recursos necesarios para el seguimiento de las clases en línea y que han visto reducido su curso académico y la docencia a la que acceder".
También recalcan su "falta de planificación" para garantizar un seguimiento de las clases y evaluación "acorde a la variada realidad de la comunidad universitaria", mientras que en la UPO "se ha dado en determinadas facultades", donde "no se ha aplicado correctamente y de manera unitaria lo que se trabajó en el rectorado".
Ante todo esto, el hecho de que hay un "posible aumento" del coste de matrículas para el próximo curso, "la dificultad de adaptación de las asignaturas" y que los máster "tampoco se ven libres de problemas", la CES propone sus reivindicaciones a los rectores para que actúen.
En primer lugar, les piden tener el derecho a optar a una evaluación final presencial con la que se determine la totalidad de la nota cuando por las circunstancias sea imposible acceder a la evaluación alternativa o continua. "Es importante recalcar que buscamos una flexibilidad que se adecúe a las necesidades de las estudiantes sea cual sea su situación", subrayan.
También que solo sean exigibles para la evaluación aquellos materiales totalmente gratuitos y accesibles para la totalidad de los estudiantes; que se consulte con ellos las modificaciones realizadas en el proyecto docente; la equiparación de las calificaciones obtenidas inferiores a la media con la misma; y que la evaluación alternativa no podrá consistir en una única prueba que tenga el peso total de la evaluación.
En materia de docencia y matriculación, reivindican que la universidad refuerce las medidas de aprovisionamiento tecnológico y dote de las condiciones necesarias para un seguimiento virtual del curso; que se mantenga el horario de clase habitual y que las clases queden grabadas para que el estudiantado tengan acceso a ellas atendiendo a su situación personal, y que estas no tengan caducidad; o que la asistencia a clase no sea obligatoria; el reacondicionamiento del calendario académico, retrasando la fecha de matriculación tanto de grados como de máster.
Tambíen exigen que se permita desmatricularse de las asignaturas y se realice el reembolso íntegro del precio de estas; o que se establezca un sistema por Internet de acreditación de idiomas, debido a la imposibilidad por parte de las estudiantes de conseguir el certificado oficial físico, lo que les impide cerrar expediente en algunos casos.
MEDIDAS SOCIOECONÓMICAS
En materia socioeconómica, los estudiantes piden un reembolso de aquellos meses de alquiler o residencia en los que el estudiante ha regresado a su domicilio familiar, teniendo esto como propuesta tanto para la Junta de Andalucía como para las universidades y las residencias que tiene en propiedad; habilitación de residencias para el alumnado en situaciones excepcionales, como aquellas el que tenga que asistir a prácticas presenciales del trabajo fin de grado (TFG) durante los meses no contemplados en un principio; aumentar la cuantía económica de las becas propias que se van a conceder en los próximos meses; o reembolso íntegro de los meses en los que no se haya utilizado la tarjeta del transporte público para estudiantes debido a la paralización de la actividad académica presencial, proponiendo que la universidad proponga esto a nivel municipal.
Respecto a las prácticas, la CES se posiciona en contra de suplir las horas restantes por actividades teóricas, ya que uno de los objetivos principales de estas es el aprendizaje práctico. "Dada la complejidad de la situación, reivindicamos que en todo caso seamos el estudiantado quienes decidamos cómo resolverlo en función de nuestras circunstancias personales", sostienen.
Las opciones que consideran "viables" suponen continuar realizando las prácticas de forma telemática; decidir darlas por finalizadas cuando se hayan superado el 25% de las horas, "sin necesidad de que éstas sean sustituidas por un trabajo teórico"; realizar las prácticas de forma presencial una vez finalizado el estado de alarma, siempre que se dote al estudiantado de las ayudas necesarias y se les permita finalizar el grado modificando el calendario académico; desmatricularse y realizarlas en años posteriores, siempre que se devuelva el importe pagado; o en el caso de aquellas carreras donde las prácticas sean una optativa más, dar la posibilidad al alumnado de cambiar esta asignatura por cualquier otra optativa.
Respecto a los TFG y TFM, la CES lamenta que haya "una gran incertidumbre" sobre la realización de estos, que "acentúa el estrés que este trabajo supone". Por ello, exigen que todos tengan acceso a la bibliografía necesaria para realizar el trabajo, con lo que deberían ser dotados los alumnos "de todos los medios necesarios de una manera gratuita, libre y accesible"; que se den instrucciones claras sobre como hacer el seguimiento de TFG y TFM a los encargados de tutorizar los trabajos; o que se tenga en cuenta la situación especial del estudiantado que ha tenido que adaptar su trabajo de una modalidad práctica a otra totalmente teórica (modalidad bibliográfica).
Asimismo, piden que se dilate la fecha de entrega de los TFG y TFM hasta finales de junio, sin que esto perjudique al estudiantado que quiera cerrar expediente; y, que además de la medida ya contemplada de la exposición telemática, se establezca un periodo para la defensa presencial de los mismos, una vez concluya el estado de alarma, pudiendo elegir la opción que se prefiera.
