El cierre anunciado por la empresa japonesa Nissan de sus instalaciones en Barcelona supone generar un grave problema a más de 23.000 familias que, directa o indirectamente, trabajan para esa firma automovilística. Según “el propio Comité de empresa situaba en más de 179,7 millones de euros públicos”, por lo que antes de “desplegar velas” se precisa el retorno de esos millones a las arcas públicas.
Más allá de las graves consecuencias que sin duda se derivan de esta decisión, tomada a más de 10.000 kilómetros de distancia, todo indica que se ha abierto la senda de otra nefasta “reestructuración” del sector de fabricación de automóviles, con la decisión de la reducción de plantillas de otra gran multinacional Renault, que por cierto también se toma a miles de kilómetros de estas tierras.
Es evidente que el desarrollo de la economía global capitalista ha dejado en nada el concepto de Nación. Porque para que exista ésta se requiere que goce de autonomía para decidir sobre su presente y su futuro. Eso que se viene enunciando como Soberanía. Y si la Nación, no es soberana, más que en entredicho queda la Constitución, cual librito para exigir deberes a una ciudadanía que percibe como sus derechos son papel mojado.
El conflicto social está servido. Nadie que esté directamente afectado se conformará con perder un trabajo y la confrontación en las calles se producirá inevitablemente. ¿Seguro? ¡Claro que no! Porque aquí interviene el “Estado” y los Gobiernos, para endulzar el mal trago y de paso socializar las perdidas, como siempre. A muchas personas les parecerá lógico que el aparato estatal prometa a las personas despedidas el subsidio del “paro”. Antaño, cuando la economía generaba empleo esta medida tenía carácter coyuntural, porque no pasaba mucho tiempo para ser de nuevo contratado. Pero en estos momentos “pandémicos”, con unas expectativas de contracción fortísima de la economía, este paro será “in eternun” y ello supondrá angustia para las familias y más gastos para las haciendas públicas. Pero los gobiernos no saben hacer otra cosa que repartir miseria a costa de pasar la gorra impositiva a toda la población. Mientras las empresas ganan, obtienen beneficios y se lo reparten los accionistas, nada que objetar. ¡Bendecida queda la economía de mercado! Pero cuando estos accionistas dejan de tener beneficios se marchan con la musica a otra parte, dejando desolado lo que antes anunciaban como extraordinarias posibilidades de progreso. ¡Ah! Y de devolver los 170 millones de ayudas con dineros públicos, ni una palabra.
Contra la pérdida de soberanía cabe una única respuesta nacionalizar y reconvertir para hacer sostenible la economía con el medio ambiente. ¡Se necesitan coches eléctricos? ¿A que espera el Gobierno para ejecutar el artículo 128 de la constitución española? Muchos politicos dirán ¡es que no es tan fácil! No es cuestión de dificultad, sino de necesidad. Si sus sueldos dependieran de ello otro gallo cantaría.
Fdo Rafael Fenoy Rico