La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, va a reanudar, a partir de este lunes, las obras de reparación y mejora en tres promociones de viviendas del parque público residencial autonómico que quedaron suspendidas a consecuencia del Estado de Alarma decretado por el Covid-19. Estas tres actuaciones tienen una inversión de 446.705 euros.
La Junta de Andalucía pretende contribuir, con la continuidad de estas obras, a la recuperación social, laboral y económica de la provincia en unos momentos especialmente críticos, en los que se hace necesario normalizar cuanto antes actividad. Además, vendrán a mejorar las condiciones de vida de las personas residentes en estas viviendas, por lo que se hacía necesario retomarlas cuanto antes.
Las intervenciones, promovidas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, se localizan en tres grupos con 91 viviendas públicas en régimen de alquiler: la finca de plaza Viudas 2, en Cádiz; las viviendas de la plaza Padre José María Lara 1 y 2, conocido coloquialmente como ‘Los Pitufos’, en Jerez de la Frontera, y las viviendas de la calle Cabo San Adrián s/n (Bioclimáticas), en Sanlúcar de Barrameda.
En la calle Cabo San Adrián s/n, de Sanlúcar, con 16 viviendas, la vuelta a la normalidad de los trabajos se centrarán en la terminación de pintura, los sellados de juntas de dilatación de solerías y paramentos de las galerías y el pintado de estructura de los paneles solares y de loa parasoles de fachada principal. También se reparará la puerta de acceso a la cubierta, se sustituirá la puerta de cuarto de contadores, se repararán los bajantes y desagües comunitarios y se revisarán las instalaciones de energía solar y de la red de saneamiento del edificio. La obra está presupuestada en 42.289 euros.
Todas estas obras promueven la contratación de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral. Se reserva un 10 por ciento del total de horas de trabajos a emplear a personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social (mayores de 45 años, menores de 30 y mujeres en desempleo) a través de empresas de inserción.
