Científicos de la Universidad de Sevilla que analizan el vertido tóxico al río Guadiamar desde la mina de Aznalcóllar han ratificado la mejoría ambiental de la zona, desde que en abril de 1998 sufrió esta catástrofe ecológica, pero piden que se sigan monitorizando sus efectos.
Estos científicos han publicado el pasado abril en la revista Journal of Environmental Management las conclusiones del análisis comparativo de los metales hallados en sedimentos del río Guadiamar en 2002 con los presentes en la misma zona en 2018, que evidencian "un descenso importante de las concentraciones totales y una evolución de las fracciones metálicas hacia sus formas más inocuas, por lo que el riesgo ambiental es ya mucho menor" en la zona.
Este estudio ha comparado sedimentos obtenidos en seis localizaciones del río Guadiamar y en sus principales afluentes, desde la zona de la mina de Aznalcóllar hasta las puertas del Parque Nacional de Doñana, según ha explicado este lunes en un comunicado al que ha tenido acceso Efe el catedrático de la Universidad de Sevilla y responsable del grupo investigador, Esteban Alonso.
Los análisis se han realizado en el servicio de investigación de radioisótopos de la Universidad de Sevilla y han determinado que los coeficientes de riesgo calculados para los residuos obtenidos el año 2002 "mostraban un riesgo extremo" con valores muy altos para cadmio, plomo y zinc, mientras que las muestras tomadas en 2018, casi veinte años después, revelan que "el riesgo ha descendido a bajo y moderado en la mayoría de los puntos de muestreo".
“A pesar de las graves consecuencias medioambientales del accidente minero de Aznalcóllar, se ha demostrado que las medidas que se tomaron en su día han sido eficaces para la mejora de la calidad de las aguas del río Guadiamar y sus principales afluentes en relación con el vertido de aguas ácidas y lodos piríticos", destaca este estudio.
Con todo, Alonso advierte de que "es necesario, en una zona tan sensible por su influencia en Doñana, seguir preservando la calidad de sus aguas y sedimentos evitando los vertidos y escorrentías desde zonas todavía contaminadas y mejorando la depuración de las aguas residuales urbanas que son descargadas en la cuenca".
De forma paralela, considera "imprescindible" seguir monitorizando la evolución de la contaminación por metales, "además de en aguas y en sedimentos, en los suelos de los márgenes de la cuenca”, afirma este investigador.
El vertido de la balsa de residuos de la mina de Aználcollar, propiedad de la multinacional sueca Boliden, está considerado como uno de los mayores desastres ecológicos sufridos en España ya que vertió a lo largo de 40 kilómetros del cauce del río Guadiamar, principal afluente del espacio natural de Doñana, 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas que contaminaron unas 4.600 hectáreas.
La zona afectada se descontaminó y se expropió para crear el denominado corredor verde del Guadiamar, y en ella se han mantenido durante décadas seguimientos científicos para conocer la evolución de los terrenos contaminados.
La multinacional minera Grupo México ganó en 2015 el concurso de la Junta de Andalucía para la reapertura de la polémica mina de Aznalcóllar, donde actualmente se realizan tareas de mantenimiento e investigación, a la espera de que se resuelva la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en esta adjudicación y de que sus nuevos propietarios obtengan los permisos ambientales para la explotación minera.
