El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que incluye un nuevo paquete de medidas por importe de 50.000 millones de euros, con una nueva línea de avales del ICO de 40.000 millones de euros para impulsar la actividad inversora en sostenibilidad medioambiental y digitalización y la creación de un fondo de 10.000 millones de euros de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
Este nuevo paquete, que ve la luz en el marco del Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo con los agentes sociales, tiene como objetivo reforzar y acelerar la recuperación que ya ha iniciado la economía tras la crisis provocada por el Covid-19, según ha explicado el Gobierno, para lo que se ponen en marcha medidas que impulsan la inversión y refuerzan la solvencia de las empresas, lo que a su vez dará soporte a "miles de puestos de trabajo".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó ayer este nuevo paquete de medidas económicas por 50.000 millones y marcado por la importancia de avanzar en la reactivación económica para impulsar el crecimiento, el empleo y la cohesión.
Entre esas medidas se incluye la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 40.000 millones de euros dirigida a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.
Ante el elevado uso de la anterior línea de avales, aprobada el pasado 17 de marzo y destinada a cubrir las necesidades de liquidez, por importe de 100.000 millones de euros, y el "óptimo" funcionamiento del modelo de colaboración público-privado, el Ejecutivo tiene previsto replicar el modo de aprobación y gestión, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo.
Sánchez subrayó ayer que se han registrado 500.000 operaciones (10.000 operaciones al día) a través de esa primera línea de garantías, que podían solicitar hasta el 30 de septiembre de forma exclusiva las empresas afectadas por los efectos económicos del Covid-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
Precisamente el pasado miércoles, el Gobierno reasignó 28.000 millones de euros en avales a través del ICO que no se habían consumido, destinados principalmente a autónomos y pymes, una vez acabado el plazo del 30 de junio.
FONDO DE 10.000 MILLONES PARA SALVAR A EMPRESAS SOLVENTES
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un nuevo instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del Covid-19.
Este fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ajustándose a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea.
El fondo se articulará a través de distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.
En concreto, el fondo está dirigido a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por el Covid-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al 'Plan Renove 2020', dotado con 250 millones de euros, para la adquisición de vehículos, aplicable a compras desde el pasado 16 de junio, y ha aprobado la moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, junto a un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico dotado con 216 millones y que prevé la concesión de un máximo de 1.100 préstamos.
