El diputado provincial de Bienestar Social, David de la Encina, ha mantenido una reunión con el director general de Servicios Sociosanitarios de la Junta de Andalucía, José Repiso, a instancias de la Diputación tras las "dudas generadas desde la Administración autonómica" en torno al futuro de los Centros de Tratamiento de Adicciones (CTA) en la Comunidad Autónoma y que en Cádiz son gestionados por la Diputación, que ha exigido "garantías" sobre el futuro de los centros.
En una nota, De la Encina ha reiterado en la reunión la exigencia por parte de la Diputación de Cádiz de que la Junta "aclare cuáles son sus planes de futuro sobre la prestación de este servicio en la provincia, habida cuenta de que en 2019 el nuevo Gobierno autonómico dejó de ofrecer a las diputaciones y ayuntamientos el convenio de financiación de este servicio que venía funcionando desde el año 1985".
Según la Diputación, el director general ha venido trasladando en las diferentes provincias "ciertas intenciones" con las que trabaja su departamento, entre ellas, según ha explicado Repiso durante la reunión, está el sacar este mismo año una convocatoria de subvenciones para la gestión de los CTA.
Por su parte, De la Encina ha expuesto que este sistema "generaría muchas incertidumbres y no ofrece garantías de estabilidad de cara al futuro, toda vez que cada año podrían cambiar las bases y la cuantía de las subvenciones".
En este sentido, ha explicado que desde la Diputación de Cádiz se apuesta por "un sistema mucho más estable, que ofrezca total certidumbre y garantías para este servicio público y sus profesionales", por lo que ha trasladado a Repiso que, según la Diputación Provincial, "el modelo no debería ser de subvenciones anuales, sino de delegación de competencias, como fórmula que estabilizaría y garantizaría el servicio y el trabajo futuro".
Finalmente, el diputado ha agradecido al director general de Servicios Sociales de la Junta su disposición para exponer los nuevos planes autonómicos, "aunque estos no han sido concretados en cuanto a cantidad, número de profesionales, ni número de centros", por lo que ha echado en falta "documentación concreta y actos administrativos que refrenden con certeza sus palabras".
