Francisco Javier Medina, el único encausado por el doble crimen de Almonte (Huelva) que resultó absuelto tras un veredicto del tribunal del jurado de no culpabilidad y con tres sentencias absolutorias, ha iniciado el procedimiento para la reclamación de la indemnización a cargo del Estado por el funcionamiento de la justicia ya que estuvo en prisión preventiva desde junio de 2014 hasta el 6 de octubre de 2017, después de el jurado popular lo declarase no culpable de los asesinatos de Miguel Ángel y María.
De este modo, el Ministerio de Justicia de cara a instruir el correspondiente expediente ha solicitado a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva la remisión de forma "urgente" del testimonio de las actuaciones judiciales.
En concreto, como recoge el documento ministerial, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicitan ciertos informes como el auto de detención e ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de puesta en libertad, sentencia absolutoria, declaración de su firmeza, así como la orden del levantamiento de las medidas cautelares acordadas y la pieza separada de la situación personal, que "constituyen el fundamento de la petición económica".
Por ello, "Medina podría aspirar a un máximo de 57 euros por cada uno de los días que pasó privado de libertad, de manera que podría percibir 68.229 euros".
FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS
Por su parte, las familias de María y Miguel Ángel han hecho un llamamiento al Ministerio de Justicia para que "aplique las leyes en su justa medida y rechace fulminantemente" el intento del absuelto por el doble crimen de recibir una indemnización con cargo al Estado por el tiempo que permaneció en prisión preventiva, ya que les parece "un golpe más de burlarse, humillar y ofender a estas familias, además de que supondría un pisoteo escandaloso sobre la sangre de las víctimas".
Este llamamiento también lo han extendido al Ministerio Fiscal para que, llegado el momento, tenga en cuenta "los razonamientos que existieron cuando se decretó la prisión preventiva, que la pidió categóricamente junto a esta acusación, para que se oponga de la misma manera a una indemnización" que les resulta "a todas luces más que improcedente".
Para las familias, la petición que hace el absuelto "tiene que recibir inexorablemente el rechazo" del Ministerio de Justicia por cuanto aquí han existido unos hechos delictivos "muy graves sobre la base de una acusación en su momento fundamentada y sólida, y el beneficio que recibió el absuelto mediante el veredicto del jurado popular fue una absolución basada en un defecto o insuficiencia de la prueba, pero no en la inexistencia de dichos hechos".
"De ahí que el jurado popular decrete ante la duda la no culpabilidad --lo que se conoce como in dubio pro reo--. De hecho, que quede muy claro que no culpable e inocente no significan lo mismo, hay un matiz diferencial muy importante", han indicado en un comunicado.
Al respecto, estas familias recuerdan que está en marcha un nuevo proceso de investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y creen que su resolución "puede que no varíe de la primera investigación por la que se procesó al absuelto".
Ante esto, se han cuestionado "¿qué pasaría si los resultados de la nueva investigación llevada a cabo por la UCO arrojara las mismas conclusiones y no haya otro autor?". Por tanto, consideran que sería "muy grave y dicha 'patata caliente' quedaría en las manos del propio Estado que tendría un asunto muy gordo por resolver", pero al mismo tiempo, han rogado que "no se permitan más atropellos contra estas familias ni con la memoria de las víctimas".
"Quién indemniza --y no hablamos de dinero--, la memoria y el honor de María y Miguel Ángel que ahora mismo están pisoteados y despreciados por la justicia española? ¿Se puede permitir el Estado español tener dos muertos encima de la mesa y dejar por resolver este caso y preocuparse al mismo tiempo en tener que indemnizar a quien en su momento fue acusado bajo unas pruebas e indicios?", han comentado.
A su juicio, "todo esto no hace sino sacar a la luz las vergüenzas del sistema judicial que tenemos que día tras día pierde credibilidad entre la población española debido a que la Justicia deja de ser justicia cuando deja tirados en unos nichos a dos personas vilmente asesinadas y el Estado no se preocupa por resolver su caso".
"Este es el sistema que tenemos y que los ciudadanos españoles seguiremos padeciendo mientras tengamos un código penal desarmado que no sirve absolutamente para nada, salvo para proteger a los potenciales delincuentes y dejar desvalidas a las víctimas", han concluido desde las familias.
