El Juzgado Mixto nº 1 de San Roque ha archivado definitivamente la denuncia que el Alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ordenó interponer contra la asociación Defensa Ciudadana Activa en el año 2014.
Los hechos se remotan a finales de 2013, cuando la Asociación Defensa Ciudadana Activa hizo público un grave fallo de seguridad en la web municipal que ponía al descubierto datos de empleados municipales.
"El alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix en lugar de interesarse por el problema y solucionarlo, decidió denunciar a la asociación utilizando todos los medios públicos a su alcance por la vía penal, siendo su denuncia finalmente archivada después de que incluso los propios técnicos municipales confirmaran el agujero de seguridad en su web así como que la asociación no afectó dato personal alguno al hacer público el fallo", señalan desde DCA.
El auto de archivo, al que ha tenido acceso ANDALUCIA INFORMACIÓN, resalta cómo a través de las pruebas practicadas "ha quedado patente que la seguridad de la página web no era fiable», por lo que confirma la falsedad de las acusaciones de Ruiz Boix sobre una supuesta intromisión en la web municipal del colectivo que avisó de estos problemas".
"Una vez más, Ruiz Boix carga contra los colectivos que no controla, tras fracasar en su intento de convencer a los demás partidos políticos en Junta de Portavoces, o abusar del silencio administrativo para callar sus quejas. En esta ocasión fue más allá y utilizó los medios municipales para denunciar unos delitos que nunca existieron", criticaron desde DCA.
La web municipal tenía, afirman desde DCA, "un agujero de proporciones bíblicas en lo referente al tratamiento de los certificados digitales, que es lo que advertimos, pero probablemente siga teniéndolo por la falta de datos seguros de autenticación (el Consistorio asigna usuarios y contraseñas al parecer usando iniciales del titular), sin contar con la ilegalidad de guardar ahí los datos de empleados incluso 3 ó 4 años después de jubilarse. Es una pena que Boix no mire por el bien público y utilice los medios municipales para matar al mensajero tratando de tapar las chapuzas de su administración", denunciaron.
La jueza resalta en su auto contra la denuncia por publicación de supuestos datos personales de empleados que "no consta en la nómina publicada los datos personales del empleado público, ni el perjudicado ha visto sus derechos vulnerados ni desea reclamar por los hechos acaecidos", demostrando, comenta DCA, "que se trataba de una persecución de Ruiz Boix que a falta de perjudicados se los tuvo que inventar".
Además sobre el testigo de la administración, responsable de la custodia de los archivos y la gestión de las contraseñas, indica que "aseguró en su declaración que el certificado digital condujo a un error en la certificación de la página de la plataforma que asoció ese certificado al supuesto perjudicado, y que ello se debió a un error del sistema".
Desde DCA, recordaron que Boix también perdió su recurso al Tribunal Supremo con el que trataba de impedir tener que rectificar la información falsa que publicó, obligando además a que tuvieran que solicitar la ejecución de Sentencia. "Gastar más de un millón de euros anuales en un medio supuestamente público al que luego hay que obligar a rectificar llegando hasta el Tribunal Supremo es un saqueo en toda regla", finalizaron.
