Entre mañana y el próximo 10 de septiembre, 30.000 alumnos de las 52 escuelas oficiales de idiomas (EOI) de Andalucía están convocados a hacer pruebas de certificación presenciales. Y entre los estudiantes no solo hay nervios por enfrentarse a un examen siete meses después de la suspensión de clases. Sobre todo hay miedo porque la Consejería de Educación, sostiene Paca Moya, “nos obliga a correr un riesgo innecesario”.
Moya, integrante y portavoz de la Coordinadora autonómica del Alumnado de las EOI explica que las pruebas de certificación suelen hacerse en dos jornadas, ya que son muy largas, con unas cuatro horas de duración, y la práctica totalidad de las instalaciones a lo largo y ancho de la geografía andaluza no presentan las mejores condiciones para llevar a cabo los ejercicios con total seguridad.
En una nota remitida por la coordinadora, una alumna cordobesa relata que “en cursos pasados ha habido desvanecimientos por el calor” en los exámenes vespertinos. “No quiero ni pensar este año con mascarillas y a las cuatro de la tarde”, agrega.
El caso de Jerez, no obstante, es el más sangrante. Patricia Pérez explica en conversación telefónica que la escuela está instalada en unas antiguas bodegas, en la calle Ponce, y, salvo el aula de conferencias, ninguna otra clase tiene ventilación. “Nos han informado de que es preceptivo usar mascarilla y gel hidroalcóholico durante el examen y no compartir material pero no sabemos qué medidas de seguridad ha adoptado al centro”, asegura. En torno a 300 personas están llamadas a examinarse ahí.
La certificación es requisito indispensable para titular cuando se pasa de grado en algunas universidades, acceder a bolsas de trabajo, puntuar en oposiciones o entrar en bolsas de trabajo. “Hay mucha incertidumbre y nos sentimos ignorados”, remacha Patricia.
La coordinadora, organizada entre abril y mayo, ha tratado de evitar “esta temeridad” en vano. Pese a que puso sobre la mesa propuestas para resolver el conflicto. Moya recuerda que los alumnos remitieron un documento a la Consejería de Educación para reclamar que, como hicieron las EOI de Cataluña, certificaron al alumnado aprobado en junio. Esta decisión habría ahorrado “situaciones disparatadas” como alumnos que han aprobado y han sido promocionados a cursos que no están disponibles en su localidad y ahora, además, están obligados a presentarse a las pruebas sí o sí.
El colectivo también planteó la opción de cumplir con los exámenes de manera online. Pero la idea también cayó en saco roto.
El consejero de Educación, Javier Imbroda, abrió la puerta a la esperanza a finales de julio, cuando admitió “que haya podido haber cierto desajuste” con las EOI y afirmó que estaban “analizando si podemos dar algún paso intermedio al respecto”. Hasta el día de hoy.
“Han tomado la peor de las decisiones”, lamenta Paca Moya, quien considera que “somos conejillos de indias”. La Junta “mantiene la convocatoria mientras que las universidades anuncian que los exámenes de septiembre se harán online y hasta la Formación Profesional optó por esta alternativa en junio, durante la desescalada”, añade.
Por otra parte enumera otras dificultades, estas de corte académico, a la que se enfrentarán los alumnos: las pruebas presenciales incorporan una quinta habilidad respecto al curso pasado y exige una nota superior, concretamente un 6,5 sobre diez, frente al 5 de años anteriores.
“Teníamos un problema legal y pedagógico con las pruebas de certificaciones pero ahora tenemos además un problema de salud”, concluye. La indignación ha dado paso al desconcierto. Patricia Pérez asegura que, además de que serán los primeros y los únicos que tendrán que hacer exámenes de manera presenical de manera obligatoria, verán retrasado el inicio del nuevo curso del 15 al 21 de septiembre. Y tampoco han recibido explicación de esto.
