Aulas con más de 25 alumnos y alumnas. En ocasiones incluso superan los 35. Se trata de unas cifras alarmantes en condiciones normales, y mucho más con una pandemia de por medio. Esta situación se está dando en al menos cincuenta líneas en la provincia de Cádiz. El sector educativo continúa denunciando carencias en este extraño comienzo de curso marcado por la Covid-19. Este miércoles la Junta de Personal Docente no universitario presentó una nueva enuncia en Inspección de Trabajo, en la que se recogen todas las irregularidades y vulneraciones de derechos laborales del profesorado. Las ratios sigue siendo el mayor problema en muchos centros pero no el único.
En la capital, señalan que en el CEIP Reyes Católicos es imposible mantener la distancia de seguridad en todas las aulas, “siendo realmente lamentable el caso del grupo de 3º de Primaria, que cuenta con ratio ilegal de 27 alumnos y con la peculiaridad de que su profesora es usuaria de silla de ruedas. La distribución del aula le impide desplazarse y atender de manera adecuada a su alumnado”, exponen en la demanda. En el CEIP Carola Ribed también hay varios grupos que superan la ratio permitida, así como el IES Cornelio Balbo que cuenta con un 1º de Bachillerato con 37 alumnos.
Lo mismo ocurre en el IES San Severiano, donde su 1º de Bachillerato suma 38 alumnos y alumnas, “a pesar de que ha tenido demanda de matrícula desde junio para la existencia de una segunda línea y parte de su alumnado demandante ha sido desviado a otros centros, incluidos privados concertados en contra de su voluntad”.
El problema se expande en todos los niveles. Y es que desde la Escuela de Arte también han notificado que existe un grupo de 2º curso del Ciclo Superior de Diseño Gráfico que tiene 30 alumnos, “donde por ley tendrían que tener clases prácticas de 15 personas, pero aprovechando la decisión de hacer esas clases semipresenciales, alternándose en el centro quince alumnos cada semana, no han duplicado a su profesora de prácticas, teniendo esta que hacer doble trabajo al tener que atender ella misma al alumnado presente en clase y al online que tiene en sus casas”, indican. Esta situación conlleva que la docente tenga que realizar funciones fuera de su horario laboral, algo que, según señalan, está ocurriendo en muchos centros en los que se ha optado por la enseñanza semipresencial, “lo que supone duplicar ilegalmente el trabajo del profesorado, con jornadas laborales interminables y abusivas”.
Asimismo, desde el Conservatorio Manuel de Falla el personal de Coro también ha mostrado sus quejas porque no le han reducido la ratio “en una asignatura en la que tienen que estar cantando, las gotas de saliva se proyectan y por mucho que intenten separarse no tienen espacio; los de violín están dando las clases en un despacho... en fin, son muchas situaciones que no sólo se limitan a colegios e institutos”, cuenta Mª Jesús León, presidenta de la Junta de Personal Docente.
Otro de los aspectos que incluye la denuncia es que se está sometiendo a los equipos directivos a jornadas laborales “titánicas”, ya que en la preparación de los protocolos de seguridad han trabajado durante semanas sin descanso, llegando a repercutir en la salud de algunos de ellos. Se suma a todo ello “la falta de personal de administración y servicios en los centros, como concerjes, administrativos, etc., cuyas funciones están debiendo suplir los propios equipos directivos”.
En relación a la vulneración de la condición de personal de riesgo, denuncian que “no se está reconociendo esta condición al profesorado que padece enfermedades de riesgo recogidas en la legislación”. En este sentido destacan el caso de una profesora del CEIP Antonio Machado de Grazalema, tutora de 3º de primaria, que a pesar de haber solicitado el reconocimiento de condición de riesgo “la inspección la obligó a incorporarse a su puesto y, tras unos días en el centro, ha dado positivo en covid, con lo que la Administración debería asumir el alcance de lo que ocurra a esta persona”.
Por todo ello, la Junta de Personal Docente ha solicitado nuevamente a la Inspección de Trabajo que revise estos y otros casos con el fin de que sean revisados como corresponde legalmente.