El presidente de la empresa municipal de El Puerto Global, Javier Bello, quiere "recordarle a Izquierda Unida y al coordinador local de esta formación y concejal de Adelante El Puerto, José Luis Bueno, que la situación creada en la empresa tecnológica EPG, que el equipo de Gobierno está solucionando, arranca en el 2018, año en el que por un cambio legal en la normativa de contratos del sector público el Ayuntamiento debió proceder a aprobar la condición de EPG como medio propio personificado". Cuestión que señala Bello debería conocer perfectamente ya que formaba parte del Gobierno de la época.
Sin embargo, explica el presidente de EPG en la actualidad, se "optó por ignorar esta obligatoriedad y ha sido la Cámara de Cuentas cuando a finales del año pasado comienza a preguntar por esta cuestión y a realizar la auditoría de 2018 cuando estas irregularidades han salido a la luz. Dato que no sólo indica el Ayuntamiento de El Puerto sino que lo confirma la Intervención General de la Junta de Andalucía como el origen de todos los problemas".
Por tanto, "a pesar de que ahora se rasguen las vestiduras y exijan explicaciones al actual equipo de Gobierno, tanto IU como los demás partidos políticos que gobernaban en ese periodo saben a la perfección que esa falta de adecuación legal es lo que ha motivado los reparos a las facturas por parte de la Intervención Municipal, cumpliendo estrictamente la Ley como debe ser, y provocando el consiguiente impago de las facturas que mensualmente EPG emite al Ayuntamiento, que es el único cliente de esta empresa municipal concebida para prestarle servicios".
De hecho, Javier Bello hace hincapié en que para "solucionar esta situación el Ayuntamiento aprobó en el último Pleno, a instancias del equipo de Gobierno, la condición de medio propio personificado de la empresa, una figura jurídica imprescindible con la que, una vez que se modifiquen los estatutos y se realicen a la empresa los encargos conforme a la Ley en vigor, se podrá desatacar la situación actual; haciendo un trabajo que debería estar ya hecho en el año 2018".
Así que también es este equipo de Gobierno, indica el presidente de El Puerto Global, "el que tiene que resolver la acumulación de facturas impagadas por un importe en torno al millón de euros, correspondientes a los servicios prestados durante 2019 y 2020. El pago de las facturas de 2019 se puede abordar mediante un reconocimiento extrajudicial del crédito que es lo que solicita el Consejo de Administración de EPG".
También se ha incluido un punto solicitando la notificación fehaciente y en su caso la reclamación judicial de las deudas, que es necesario como salvaguarda legal de los administradores de la empresa entre los que hay también miembros de la oposición y a los cuales les afecta la normativa mercantil ante estas situaciones.
Bello insiste en que es una situación provocada "por la inacción del Gobierno anterior y a la que se está dando salida para evitar el cierre de la empresa, con los daños que eso produciría a la empresa y, por tanto, al Ayuntamiento y las consecuencias que traería para la plantilla. Consecuentemente lo que se propone al Consejo sólo tiene un único objetivo que es el de poder afrontar el pago de las nóminas y el funcionamiento normal de El Puerto Global".
El presidente de EPG, Javier Bello, ha destacado que IU, "en lugar de jugar irresponsablemente con informaciones a medias para confundir a la opinión pública, debería de comprender que para que el Ayuntamiento pague a sus proveedores, estos deben acreditar su derecho a cobrar. Y si se retrasan los pagos porque las facturas no tienen soporte jurídico porque IU no hizo su trabajo, lo que debemos hacer es reclamar que se abone la deuda”.
Mientras tanto, "la relación jurídica entre el Ayuntamiento y la empresa es irregular y, por ende, es del todo razonable y recomendable que los gestores dejemos constancia de que defendemos la gestión económica y no posturas políticas", apuntilla Bello.
Por otra parte, el Consejo de Administración también debatirá mañana la regularización de 9 trabajadores, tras ser la empresa condenada nuevamente en el mes de septiembre en el Juzgado de lo Social, “por la magnífica gestión del anterior Consejo, que además de incumplir con los trabajadores, ha dejado un pasivo laboral por incumplimiento de su convenio colectivo que ronda los 150.000 euros”, tal y como se informó en el Consejo de diciembre de 2019. Igualmente, la empresa se enfrenta a sanciones administrativas adicionales de la Inspección de Trabajo que se tratarán en el Consejo de Administración.
Por último, Javier Bello insiste en que lo que deberían hacer es pensar como gestores y trabajar para sacar la empresa adelante e impulsar su reconversión para poder afrontar el futuro del equipo humano de El Puerto Global y de gestiones importantes como, por ejemplo, las notificaciones digitales y las tramitaciones electrónicas que necesita el Ayuntamiento para prestar un servicio de calidad al ciudadano, que es el centro de nuestra gestión.
