La Abogacía del Estado planteará al Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña --que condenó a los Franco a la devolución del Pazo de Meirás-- la realización de un inventario de los bienes que hay en el mismo.
Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, lo harán a través de unas medidas cautelares después de que por parte de los Franco se trasladase la intención de proceder a la mudanza de los bienes que hay en el interior.
Lo hicieron tras comunicar que no se opondrían a la entrega del inmueble de forma "provisional", a la espera de que se resuelva el recurso contra el fallo que les condenó a su devolución.
Y es que, a instancias del Estado, el juzgado acordó la ejecución provisional de la sentencia que declara al Pazo de Meirás propiedad pública y condena a los Franco a su devolución.
La magistrada fijó la entrega voluntaria del inmueble por parte de la familia Franco el 10 de diciembre, a las 11 horas, bajo verificación de una comisión judicial. Tras esta decisión, los Franco se mostraron conformes con la ejecución provisional de la sentencia, a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña se pronuncie sobre su recurso de apelación.
DISPOSITIVO
Por otra parte, paralelamente a las medidas cautelares que plantee la Abogacía del Estado, de cara a la protección de los bienes en el interior del inmueble, desde la Delegación del Gobierno han confirmado que se estableció en Meirás un dispositivo de la Guardia Civil para a vigilar las entradas y salidas que se puedan producir.
También han precisado que, por el momento, no se han trasladado camiones a la zona, algo que también ha ratificado el alcalde de Sada, Benito Portela, que ha explicado que por parte de la Policía Local se pasa por el lugar para comprobar si se produce algún movimiento.
Además de obras de arte, piezas de valor histórico o el fondo bibliográfico de la autora Emilia Pardo Bazán, en el inmueble se encuentran, entre otros bienes, las estatutas de Abraham e Isaac. Sobre las mismas, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade recordó que la ley gallega de patrimonio cultural establece que el traslado de bienes de interés cultural (BIC), como es este caso, debe ser "autorizado" por la Administración autonómica.
