Artículo Ayuda a domicilio desahuciada
La ley de Dependencia 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, va camino de cumplir 14 años y parece que quedan muchos objetivos sin cumplir. A estas alturas no hay garantía de que se puedan cumplir, porque no hay voluntad de hacerlo. Más producto de la moda que la voluntad de ayudar a las personas dependientes de forma eficaz. Resultados actuales demuestran estas graves afirmaciones. El volumen de recursos económicos que los politicos de la Junta están dispuestos a invertir es la prueba inequívoca de que no tienen intención de hacer posible lo que ellos mismos aprobaron en la ley. Hace un mes casi trescientos mil andaluces siguen estando en la lista de espera para cobrar las prestaciones, la ayuda a domicilio y la tele-asistencia. Desde hace 14 largos años la Junta de Andalucía está congelando el precio hora de trabajo. A las personas trabajadoras de ayuda domiciliaria NO se les reconoce su esencial trabajo, no sólo económicamente, sino permitiendo condiciones contractuales próximas a la esclavitud, amén de no asumir y reconocer la capacitación socio-sanitaria de su labor.
Tanto Ayuntamientos, como empresas privadas concesionarias de este servicio, vienen a coincidir en este extremo y requieren año tras año la actualización de los recursos económicos para atender tanta demanda de ayuda imprescindible, por humana. Quien no está dispuesto a cuidar de sus mayores no tiene buena condición. Y los políticos de la Junta de Andalucía han demostrado hasta la saciedad que no tienen el menor interés por cuidar de los mayores andaluces. Porque si la ley obliga a la Junta a prestar el servicio de ayuda a la dependencia, no es posible que esta administración no fije los costos de la mano de obra precisa ajustándose a la ley. De hecho la Diputación Provincial de Cádiz ha adoptado en este sentido acuerdo, ya que hay que actualizar el precio del servicio de ayuda a domicilio. “Es insostenible un servicio por el que sólo aporta 13 euros la hora, cuando el convenio colectivo aprobado hace dos años ya situaba los costes en 14,74 euros” Y se está hablando del precio que recibe la empresa. Las personas trabjadoras reciben una parte.
No sólo no se actualizan los costos de personal, sino que, a pesar del incremento desorbitado experimentado por todo el material de protección a la sombra del COVI, en las adjudicaciones, para la prestación del servicio, no se contemplan los mismos. Soportando Ayuntamientos, Diputaciones y empresas adjudicatarias, gastos no ajustados al contrato realizado con la Junta de Andalucía. Los datos que se manejan reflejan incrementos de hasta tres veces los costos de estos materiales en pocos meses.
Obras son amores y no buenas “razones”. 14 años contando cuentos, no sólo aburren, sino que provocan desesperación de miles de personas, los llamados “futuros usuarios” defraudadas de tanta promesa incumplida. Y de paso sometiendo a una precariedad indigna a las personas que trabajan para ayudarlos. La huelga del 27 de noviembre va de eso precisamente.
Fdo Rafael Fenoy Rico
