La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha indicado que los asentamientos son "una asignatura pendiente" de todas las instituciones. No obstante, ha apuntado que las competencias de las administraciones son diferentes.
De este modo, ha explicado que los ayuntamientos" tienen su parte de responsabilidad al estar los asentamientos en sus términos municipales" (de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera); la Junta de Andalucía, "que también tiene mucho que decir", así como el Gobierno central, el cual tiene sus competencias desde el punto de vista de "la seguridad y humanitario".
Así, en una entrevista concedida a Europa Press, la subdelegada ha señalado que "no es de recibo que las personas vivan de esa manera" por lo que cree que habrá que explorar acciones necesarias "para que esto vaya disminuyendo hasta su total erradicación", apuntando que le consta que "algunos ayuntamientos así lo están haciendo" y que "en ese sentido siempre van a encontrar la mano tendida del Gobierno".
En este punto, Parralo ha apuntado que la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria tiene acuerdos y convenios con diferentes fundaciones, como con Andalucía Acoge, Cepaim, Cruz Roja y Cáritas.
"Estamos hablando de más de medio millón de euros que cada año se dedican exclusivamente para los asentamientos, para visitas a los mismos y valoración de las necesidades, para seguimiento de casos de mayor vulnerabiliad como personas enfermas, mujeres solas, menores, posibles víctimas de tratas, amén de la ayuda que permanentemente presta la Guardia Civil", ha señalado.
En este sentido, ha apuntado que el Instituto Armado colabora a través un servicio especial de ayuda al inmigrante "porque los conocen y están pendientes", subrayando que durante el primer estado de alarma de la pandemia desde la Guardia Civil estuvieron acompañando a muchas ONG "porque en algún primer momento hubo problemas de abastecimiento y había que hacer el reparto de manera ordenada".
Asimismo, ha señalado que desde el Gobierno ayudan directamente a los consistorios con los asentamientos con ayudas de fondos sociales que llegaron el año pasado para el servicio de agua y recogida de basura.
