Diez ELA de la provincia de Cádiz, entre ellas Torrecera, han iniciado un calendario de movilizaciones para exigir a la Junta de Andalucía un trato en igualdad de condiciones con los pueblos pequeños.
El Ayuntamiento pedáneo jerezano ya protagonizó este jueves un "parón" de una hora de duración junto a la puerta de la sede municipal para dar lectura a un manifiesto en el que se expone "la realidad que sufrimos estas entidades, que debemos superar cada día un obstáculo tras otro, viendo como de forma permanente se vulneran nuestros derechos y se cercenan los compromisos adquiridos, negando financiación incondicionada que se incluye en los presupuestos autonómicos, así como vetando la inclusión en planes y programas", según apunta su alcalde, Francis Arcila.
Según apuntan desde la ELA jerezana, todo ello se debe al bloqueo de una norma nacida del consenso entre Ayuntamientos y ELA en el seno de Comisión de Entidades Locales de la FAMP, que fue el órgano que diseñó el decreto, que introdujo en el debate autonómico la financiación incondicionada, permitiendo que este iniciara su tramitación por la Junta de Andalucía en Julio de 2018, tras ser aprobado por unanimidad por la Asamblea de FAMP, siendo un hito histórico por reconocer por primera vez en la historia la necesaria financiación incondicionada y la justa inclusión de las ELAs en todos los Planes y Programas. "No haber cumplido con estos compromisos con las ELAs en los años 2019 y 2020 ha supuesto para nuestros pueblos la pérdida de 5.000.000 de euros sólo en financiación incondicionada, además de su exclusión de planes de empleo e inversión", exponen.
"No demandamos más para nosotros, solo un trato justo e igualitario respecto a pueblos de nuestra misma dimensión poblacional e incluso más pequeños. Son públicos los datos que indican que pueblos con 600 habitantes gestionan presupuestos públicos de más de 1.000.000 de euros, mientras que ELAs de similar o mayor población cuentan con la mitad o menos de recursos para el cumplimiento de fines muy similares", reivindican, por lo que reclaman "que cese esta discriminación clara por razón del territorio, privando a nuestros vecinos de más y mejores oportunidades, de más empleo, de más y mejores servicios, de más y mejores infraestructuras, en definitiva, de bienestar y progreso para nuestros ciudadanos".
El PSOE provincial ha salido en defensa de las entidades locales autónomas de la provincia y reclama también la aprobación del decreto que garantice su inclusión en los programas y planes de la Junta “pues son como los ayuntamiento la primera línea de combate al virus y precisan apoyo”.
El secretario provincial de Política Municipal, Jesús Solís, rechaza “esa distinción entre ciudadanos de primer y de segunda por el lugar en que habitan” y apoya a las ELAS en la demanda de aprobación del decreto de desarrollo de la Ley de Autonomía Local andaluza en materia de ELA. En opinión del también diputado provincial, “se están vulnerando claramente sus derechos y se están ignorando los compromisos adquiridos al negarles financiación como hemos visto que sucede con los presupuestos autonómicos”.
