Nueve casos de coronavirus obligan a suspender la primera sesión del caso 'Poniente'

La primera sesión de la vista oral por el caso 'Poniente', en el que se investiga una presunta trama de saqueo al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) a través de la empresa ElSur, ha sido suspendida esta mañana por la incomparecencia de hasta 14 personas, 11 acusados y tres abogados, nueve de ellos por covid.

En concreto, nueve de los que no han comparecido han alegado contagios por Covid-19 para no asistir al palacio de exposiciones y congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), habilitado por la Consejería de Justicia para acoger este juicio con 44 acusados. Se trata de dos abogados, uno con contagio confirmado y otro en cuarentena, y siete investigados.

Entre los acusados que han manifestado haberse contagiado está uno de los principales acusados, el exinterventor municipal de El Ejido José Alemán y su mujer, Isabel Carrasco. Lo mismo ocurre con el empresario Juan Antonio Galán y su esposa.

"A ver si conseguimos en este año celebrar este juicio", ha expuesto la presidenta de la Sección Segunda y del tribunal que enjuicia a los acusados, Társila Martínez, al inicio de la jornada. Palabras que menos de una hora y media después se han vuelto proféticas cuando la misma magistrada ha anunciado tras un breve receso la suspensión de la primera sesión.

Martínez ha requerido a los abogados presentes que justificasen debidamente la ausencia de los clientes que no habían presentado excusa válida, así como que los letrados no presentes -uno de ellos atrapado en Madrid-, que hiciesen lo propio.

"Como alguno de los letrados y de los acusados han justificado debidamente su incomparecencia por Covid y la posibilidad de reincorporarse no es posible hasta el día 26, el tribunal acuerda que realmente se inicie, realice o celebre, si no hay impedimento", dicho día, ha expuesto.

"En realidad, la primera sesión del juicio se celebrará el 26 de enero con la comparecencia de todos los acusados. Ahí se aclarará sobre las posibles dispensas y el reparto de sesiones de interrogatorios", ha añadido. "Se declara terminado este acto, si se le puede llamar así", ha concluido.

El año pasado únicamente pudieron celebrarse las sesiones previstas para las cuestiones previas de estas causa, en cuyo banquillo se sientan medio centenar de acusados con sus respectivas defensas, más las acusaciones.

El informe de la Fiscalía, de 207 páginas, señala que la empresa Abengoa habría obtenido 232,6 millones de euros por servicios de mantenimiento dentro del canon anual de ElSur y por servicios y obras fuera del mismo.

En la calificación de la Fiscalía, se solicitaban, entre otros, penas de 64 años de prisión y el pago de multas por valor de 49,8 millones de euros para el exalcalde de El Ejido (Almería) Juan Enciso, y el exinterventor municipal José Alemán, acusados cada uno de ellos de los delitos de malversación de los caudales públicos, falsedad continuada en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, cohecho pasivo propio continuado y prevaricación continuada.

Sin embargo, tras las cuestiones previas, el fiscal Jesús Gázquez retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005.

Ahora reclama para Enciso y Alemán 40 años de cárcel y multas de 23,2 millones de euros por 11 delitos -en lugar de 19-, entre ellos uno de malversación de caudales públicos, 8 contra la Hacienda Pública, uno de cohecho pasivo y otro de prevaricación continuada.

El pasado mes de febrero la Fiscalía modificó su petición de penas para 27 de los investigados en el caso, entre ellos los principales acusados, al entender prescritos los delitos fiscales relativos a los periodos impositivos de 2002 a 2005.

Una de las reducciones más significativas fue la de Isabel Carrasco, esposa de Alemán, que pasó de una petición de 85 a 9 años de prisión, al eliminar un total de 19 delitos contra la Hacienda Pública, por los que solicitaba 76 años de presidio.

Los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón veían, respectivamente, cómo el fiscal rebajaba su petición de 97 a 37, de 174 a 94, de 73 a 25 y de 85 a 21 años de cárcel.