Un acusado pide la suspensión del juicio de la caja B del PP al dar positivo en Covid

El exgerente del PP Cristóbal Páez ha solicitado a la Audiencia Nacional la suspensión del juicio sobre el presunto pago de las obras de la reforma de la sede del partido con dinero de la caja B del PP, previsto para el próximo lunes, al haber dado positivo en coronavirus.

A tres días del inicio de la vista, la defensa del investigado ha remitido un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia en el que pide la suspensión hasta que su representado pueda acudir presencialmente, según ha adelantado El Mundo y han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

El tribunal decidirá previsiblemente este viernes si suspende el juicio, aunque fuentes fiscales consideran que no sería necesario dado que en los primeros días se abordarán las cuestiones previas, donde no es imprescindible la presencia del acusado.

Además, su declaración se podría retrasar o incluso celebrar con videoconferencia si la Sala, que es quien debe decidir, lo considerase oportuno.

La petición se produce unos días después de conocerse que el principal acusado, el extesorero del PP Luis Bárcenas, había dirigido una carta a la Fiscalía Anticorrupción en la que relataba que el expresidente del Gobierno y líder del PP Mariano Rajoy se deshizo en una máquina "destructora de papeles" de la documentación que reflejaba la contabilidad en B del partido sin saber que él guardaba copia.

Bárcenas, que también sostiene que Rajoy percibió sobresueldos mensuales extraídos de la caja B del PP, anunció su intención de colaborar con la justicia al constatar que "con ingenuidad" dio por buena la promesa que se le hizo por parte del partido, a través de un intermediario, de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión por el caso Gürtel, por el que ambos cumplen actualmente condena.

En este juicio la Fiscalía pide cinco años de prisión para el extesorero del PP, actualmente cumpliendo condena por el caso Gürtel; y 18 meses para Páez.

Junto a ellos se sentarán en el banquillo los responsables de Unifica, empresa que se encargó de la reforma, Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, para quienes la Fiscalía pide 3 años de cárcel.