Por el momento la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía no ha recibido aún la comunicación oficial del auto, según ha podido saber INFORMACIÓN a través de la Organización Colegial de Enfermería, que está en contacto directo con la Consejería del ramo. De ahí que la institución haya decidido no realizar valoraciones jurídicas hasta conocer fehacientemente el contenido del auto judicial, aunque sí ha recordado las razones que hacen necesaria la regulación de dichas prácticas.
Por ello, el Colegio de Enfermería de Cádiz ha querido destacar que una suspensión cautelar constituye una “medida provisional” que se mantiene durante el tiempo en que se tramita el pleito principal y que se destina únicamente a suspender los efectos de una norma o resolución en ese tiempo, recordando que el TSJA no ha entrado a valorar cuestiones de fondo hasta el momento.
El presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, ha asegurado a este periódico que la Junta de Andalucía podrá alegar en su recurso de súplica ante el TSJA la situación de inseguridad jurídica que ha venido a solucionar el decreto, “demostrando fácilmente cómo las enfermeras indican medicamentos en su asistencia sanitaria a diario, sin que esto esté regulado hasta el momento por una norma jurídica nacional”. Campos recordó en este sentido que en la actualidad “nos encontramos en una situación especial”, como es la campaña de vacunación de la Gripe A y la asistencia a los pacientes con esta enfermedad. En ambos casos son los enfermeros quienes están prescribiendo la vacuna a los pacientes sanos y los medicamentos necesarios para tratarla.
Por el contrario, la suspensión cautelar del decreto “volvería a situar fuera de la legalidad cualquier decisión respecto a fármacos que realicen”, incluyendo por tanto la administración de vacunas de la Gripe A y la atención de pacientes con esta enfermedad o con gripe estacional.
El representante del colectivo en la provincia matizó que el redactado definitivo del decreto es fruto del consenso entre los Colegios de médicos y enfermeros de Andalucía.
Seguridad en el trabajo
Por otro lado, Rafael Campos ha señalado que la Ley del Medicamento que prohíbe a los enfermeros tomar cualquier decisión respecto a prescripción de fármacos está fuera de la realidad, ya que convierte en “ilegal” una gran parte de las actuaciones clínicas que realizan estos profesionales en hospitales, centros de salud, centros sociosanitarios y servicios de salud laboral de las empresas. La realidad asistencial, apunta Campos, pasa por que los enfermeros prescriben fármacos y productos sanitarios cada vez que curan una herida o una úlcera, deciden administrar un analgésico a un paciente, administran las vacunas pediátricas sin indicación médica individualizada o asisten a trabajadores con algún tipo de problema de salud en los servicios de salud laboral.
Hasta el momento, los enfermeros siguen prescribiendo y tomando decisiones respecto a medicamentos, aún sabiendo que lo hacen en un marco de absoluta inseguridad jurídica, porque no quieren perjudicar a sus pacientes ni al Sistema Sanitario. No obstante, la Asamblea de Presidentes de la Organización Colegial de Enfermería ha acordado mantenerse constituida con carácter permanente para, en caso de que el PP consiga bloquear la legalización de la prescripción enfermera, tener la capacidad de adoptar las medidas de urgencia de forma inmediata. Incluyendo, si fuese necesario, la notificación individualizada a los 240.000 enfermeros que trabajan en España para que cesen de inmediato cualquier asistencia clínica que conlleve prescripción o triage de la gripe y todo tipo de vacunación.