Casi una decena de salones de juego en una ciudad de apenas 13,3 kilómetros cuadrados. Este tipo de negocio ha proliferado en los últimos años, razón por la que el Ayuntamiento de Cádiz promovió hace unos meses una modificación puntual de las normas urbanísticas del PGOU para su regulación. El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) aprobaba definitivamente esta modificación el pasado noviembre, consiguiendo prohibir las casas de apuestas a menos de 500 metros de centros educativos, deportivos y culturales.
Si en mitad de este desarrollo le ponemos a los jóvenes una oferta cada vez mayor de apuestas es como darle droga a una persona adicta, por lo que caen con mucha facilidadSin embargo, la Junta de Andalucía (tal y como procedió con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira) ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía este acuerdo adoptado por el Consistorio. Una noticia que ha sentado como un jarro de agua fría tanto al propio equipo de gobierno como a los vecinos del barrio de Segunda Aguada, quienes ya venían denunciando la situación desde hace tiempo. El alcalde, José María González, se mostraba crítico con el gobierno andaluz porque “entre las familias arruinadas y los poderosos, ellos se ponen del lado de los segundos. Porque entre proteger a las personas que sufren ludopatía o proteger el negocio de sus amiguetes, ellos eligen a la patronal. Y porque entre cuidar a nuestra juventud y alejar el juego de los espacios que frecuentan o que unos cuantos se enriquezcan por mucho dolor que provoquen, prefieren el dinero a toda costa”.
Por su parte, los vecinos se han mostrado “indignados”. En Segunda Aguada existía un salón de juego y apuestas. El pasado septiembre, antes que se aprobara la modificación del PGOU, se abrió otro y a unos 100 metros de estas dos se acondicionaba un tercer local que finalmente no llegó a abrirse por problemas burocráticos. “Resulta significativo que estos locales se encuentran situados cerca del Centro de Enseñanza San Francisco de Asís, del Instituto Rafael Alberti y del Colegio Juan Carlos Aragón. Parecen tener claro que los jóvenes y adolescentes son el colectivo que tiene mayor riesgo de caer en las redes de la ludopatía que causa todo tipo de problemas sanitarios, familiares y económicos, y a hora que se les da carta blanca las consecuencias pueden ser desastrosas”, señalan.
Consecuencias en los jóvenes
Las estadísticas apuntan que más del 39% (aproximadamente cuatro de cada diez adolescentes), ya han jugado y apostado dinero antes de los 18 años. Se trata de una cifra elevada, puesto que la mayoría de las personas que juegan una vez, repiten, siendo la tasa de continuidad del 70%. Antes de la llegada de las nuevas tecnologías, el perfil habitual del ludópata era el de un jugador de entre 40 y 50 años en la máquina tragaperras, y con una vida algo desestructurada. Actualmente son jóvenes de entre 16 y 25 años que caen en las apuestas deportivas y el juego online.“En el caso de adolescentes y jóvenes la situación es doblemente grave, porque en esas edades el cerebro aún está en formación y una de las zonas que termina de desarrollarse más tarde es la corteza prefrontal, donde se encuentra el control inibitorio (la capacidad de frenar una conducta que no debe llevar a cabo), apunta el psicólogo Francisco Javier Díaz Quintana. “Si en mitad de este desarrollo le ponemos a los jóvenes una oferta cada vez mayor de apuestas es como darle droga a una persona adicta, por lo que caen con mucha facilidad”, añade.
Señala que mientras que en nuestro país está prohibida la participación de jóvenes en apuestas “sí se permite que exista publicidad en todos los programas deportivos de apuestas, una programación muy seguida por jóvenes, y también vemos cartelería paseando por la ciudad. Esto sería equivalente a anunciar drogas aunque prohibamos el uso de las mismas”.
“El hecho de que haya negocios de este tipo cerca de institutos es una auténtica amenaza para los jóvenes, puesto que son unos clientes potenciales; esto se hace con toda la intención del mundo puesto que es una población especialmente vulnerable”, explica Díaz Quintana. “Es lamentable que en nuestra ciudad y en tantas otras se siga produciendo esto y no se proteja a la población joven; no se trata de restringir libertades, pero sí de proteger”.
Las consecuencias de este tipo de adicción “son debastadoras para la persona y para su familia”. El psicólogo explica que se trata de una patología “que desde fuera tendemos a culpabilizar a la persona que cae como si estuviera en su voluntad tanto el hecho de haber entrado como el poderse salir; pero no es tan sencillo. Todas las familias que han vivido este drama saben que es extremadamente difícil parar la cuesta hacia abajo que supone una adicción comportamental”. Además de la repercusión económica, también conlleva “consecuencias psicológicas, porque estas personas quedan marcadas para siempre con el estigma de la culpa, sintiendo que están en permanente deuda con su familia”.
Díaz Quintana concluye señalando la importancia de que se pongan en marcha “planes de prevención de esta patología para evitar que el problema vaya a más en generaciones futuras”.
