La Fiscalía ha vuelto a solicitar al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que archive la investigación sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, como ya ha hecho en varias ocasiones, al no apreciar indicios de delito en el concurso que concedió la explotación al grupo Minorbis-México.
En un escrito dirigido al juzgado y fechado el pasado 30 de diciembre, la Fiscalía mantiene el criterio que ya expresó en 2015 y 2019 y continúa sin ver pruebas de que la Junta de Andalucía faltase a la legalidad en la adjudicación de la mina, actualmente explotada por Minera Los Frailes.
La solicitud del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Efe, se produce al hilo de la recepción del texto de la comisión rogatoria de las autoridades mexicanas que había solicitado la jueza.
"Nada nuevo aporta al procedimiento", apunta la fiscal, que añade que no existe "dato o indicio" que vincule el objeto de las actuaciones a las indagaciones realizadas por las autoridades de México "con relación a un posible cohecho internacional en el que resulte implicada persona física o jurídica de nacionalidad mejicana ni funcionario público español o extranjero".
Así pues, la representante de la acusación pública solicita a la magistrada que "se dé por concluida la instrucción" y se dicte el sobreseimiento provisional de la causa, "en coherencia" con sus "anteriores peticiones" y en vista de que "nada nuevo añade la última diligencia practicada".
En una providencia dictada el 13 de marzo de 2020, la jueza señaló que ya no había más diligencias que practicar e instó a las partes a que se pronunciasen sobre la conveniencia de archivar la causa, como hicieron la Fiscalía y los investigados, o prolongarla, como reclamó Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso y presentó la denuncia inicial en marzo de 2015.
Entre los investigados figuran Vicente Fernández, secretario de Innovación de la Junta en la época del concurso y presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla reabrió la causa por tercera vez el 26 de septiembre de 2019; María José Asensio, ex directora general de Minas de la Junta; y los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, propietarios del grupo Magtel.
La jueza ya archivó la causa dos veces, el 6 de noviembre de 2015 y el 11 de marzo de 2019, en ambos casos por considerar que no existían indicios de prevaricación en la decisión adoptada por el Gobierno andaluz para favorecer a Minorbis y considerar que "los elementos objeto de controversia son cuestiones puramente administrativas", como expuso en el segundo sobreseimiento.
El segundo archivo, sin embargo, volvió a ser recurrido por las denunciantes y la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, como hizo la primera vez, estimó la apelación y ordenó a la instructora reabrir la causa.
Desde entonces, la jueza ha interrogado como investigados a Fernández, Asensio, los dueños de Magtel y todos los miembros de la comisión técnica y la Mesa de Contratación, dieciséis personas en total, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales.
