El departamento de Educación de la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha gestionado 2.540 trámites de homologación de títulos y convalidación y reconocimiento de estudios extranjeros durante el año 2020.
Esta cifra supone que el 44,92 por ciento de las que se recibieron en la Alta Inspección de la comunidad autónoma de Andalucía provenían de Málaga.
Asimismo, de las 2.540 tramitaciones, 1.640 fueron solicitudes y el resto, 900, aportes de documentación a expedientes ya iniciados, según han informado desde la Subdelegación en un comunicado.
La Alta Inspección de Educación de Andalucía, con sede en Sevilla, se encarga de la resolución de una parte de estos expedientes --aproximadamente 1.000--, mientras que el resto se reparte entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades. El departamento de Educación respondió el pasado año 6.993 consultas, de las que 5.524 fueron telefónicas y 1.469 telemáticas.
El personal funcionario atendió de forma presencial a 7.314 personas, lo que supone el 35 por ciento menos que un año antes. No obstante, la atención telemática se ha triplicado, ya que se ha intentado reducir al mínimo la afluencia de público debido a las restricciones a la movilidad motivadas por la COVID-19.
En este apartado presencial destacan los expedientes de homologación, la entrega de títulos oficiales (1.238) y credenciales de homologación (441) y los trámites relacionados con profesores de religión de los colegios públicos de la provincia (392).
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz, ha destacado el esfuerzo realizado por el departamento de Educación "que a pesar de la situación generada por la pandemia ha continuado prestado sus servicios a todos los ciudadanos que necesitan homologar sus titulaciones".
ANDALUCÍA
Andalucía recibió un total de 3.706 solicitudes de homologación de estudios extranjeros en 2020. De estos, 2.319 fueron resueltos de forma favorable y 1.387 están aún en tramitación.
Entre las funciones de la Alta Inspección de Educación destacan, por un lado, velar por el cumplimiento del desarrollo y ejecución de la legislación básica del Estado por parte de las Comunidades Autónomas, de acuerdo al reparto competencial establecido por la Constitución, y, por otro, la gestión y tramitación de las homologaciones y convalidaciones de títulos no universitarios.
