La investigación realizada en el marco de la operación 'Terciaria' de la Guardia Civil sobre la presunta explotación sexual de cinco menores mediante su prostitución tiene entre sus investigados a un entrenador de baloncesto base que hasta el pasado curso habría llevado a cabo su labor al menos en dos clubes de baloncesto de los que fue apartado tras conocerse su presunta implicación en la trama.
Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que el entrenador se encontraba "en activo" en el momento de producirse los supuestos contactos sexuales con los menores, cuyos servicios habría contratado para llevar a cabo prácticas grupales sadomasoquitas, según las declaraciones prestadas por las víctimas.
El hombre se encuentra en libertad con cargos por estos hechos y con la obligación de comparecer en los juzgados cada 15 días y cuenta además como medida cautelar con una orden de alejamiento de las víctimas, aunque judicialmente no se le ha suspendido su licencia de entrenador, según las fuentes consultadas.
La operación, destapada en abril del pasado año por la madre de una de las víctimas al descubrir mensajes de Whatsapp sospechosos, investiga el uso de al menos cuatro niñas y un varón, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años, para su prostitución con decenas de clientes, quienes contactaban con ellas mediante anuncios en una página web principalmente para prácticas fetichistas y otro tipo de parafilias, a veces solas y otras en grupo.
Entre los detenidos se han identificado como posibles clientes, además del entrenador deportivo, a un agente de la Policía Local de Adra y a un exmilitar que se encontraba en activo en el momento de los hechos. Igualmente figura entre los detenidos la hermana de una de las víctimas identificada como S., mayor de edad, a quien se acusa de haber puesto a las menores en contacto con los clientes; un extremo que habría reconocido en una fase inicial de la investigación.
SORPRENDIDOS EN CUARENTENA
Según las declaraciones de las víctimas, otro de los sospechosos habría sido identificado por los agentes antes de destaparse la trama al haber sido identificado por agentes de la Guardia Civil en abril del pasado año cuando se encontraba en un coche en una zona apartada con una de las niñas.
Los agentes, en este caso, identificaron al hombre así como a una de las menores por saltarse el confinamiento que por entonces obligaba a mantenerse en la vivienda como medida para la prevención del covid-19. La niña reconoció entonces que había mantenido contactos anteriores con este cliente.
Las pesquisas permitieron la detención de diez personas, todos ellos supuestos clientes que habrían tenido acceso a las menores a través de anuncios que se publicaban en un portal de citas a excepción de S., hermana de una de las niñas quien se habría encargado de gestionar los encuentros y los cobros, buscar a esos clientes y ponerlos en contacto.
Algunas de las víctimas aseguraron haber prestado entre finales de 2018 y principios del verano de 2020 entre diez y 15 servicios de carácter sexual e "incluso más", de modo que "seis o siete clientes" se convirtieron en "fijos", llegando a acudir a sus viviendas.
Así, eran los propios clientes quienes buscaban a través de la página web estos anuncios en los que demandaban prácticas de carácter fetichista que, con el tiempo, se intensificaron y derivaron en relaciones sexuales por las que percibían entre 20 y 100 euros, siempre en metálico. La supuesta proxeneta, encargada de establecer los contactos, se habría embolsado el 50 por ciento de cada servicio.
En este sentido, las víctimas han sostenido durante la investigación que los clientes habrían sido conocedores de su minoría de edad. Fuentes del caso han corroborado a Europa Press además que la apariencia externa de las menores no daba lugar a dudas de la corta edad de las niñas, incluso dos años después de los hechos.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería mantiene abierta la investigación, en la que inicialmente se decretó prisión provisional para la principal investigada y dos de los clientes, aunque posteriormente fueron puestos en libertad a la espera de juicio junto con otros siete investigados por estos hechos. Si bien la instrucción del caso está en una fase muy avanzada, la Guardia Civil mantiene abiertas otras líneas de investigación.
