El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado permiso a la Policía Científica para que analice la tarjeta de memoria que le fue sustraída en 2015 a la exasesora de Podemos Dina Bousselham ante la advertencia de la unidad policial de que ésta puede destruirse en su intento.
En un auto con fecha del pasado 1 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica que la diligencia ordenada es "necesaria, útil y pertinente" antes de tomar declaración a la propietaria de la tarjeta SD.
La resolución recoge que la Unidad de Criminalística e Ingeniería Forense de la Policía Nacional remitió un oficio al juzgado avisando de que para acceder al contenido de la tarjeta se deben utilizar "técnicas de uso invasivo, que pueden conllevar la destrucción o inutilización del vestigio". "Cualquier intento de acceso a la información contenida en esta tarjeta supone que ésta pueda verse dañada irremediablemente para su análisis presente o futuro", informa la Policía.
El magistrado considera que hay que asumir "el riesgo de destrucción irremediable de la tarjeta", puesto que esta posibilidad "no alcanza a superar la utilidad" que tiene el análisis del contenido de la tarjeta.
"NECESIDAD Y UTILIDAD"
En este sentido apunta que la "necesidad y utilidad" de la práctica de la diligencia "ya se valoró por el Tribunal Supremo" cuando resolvió devolver la causa al juzgado de instrucción y añade que el análisis de la tarjeta es "clave" para esclarecer los hechos objeto de investigación.
Su resultado "permitirá aportar elementos objetivos" para corroborar las manifestaciones que la exasesora de Podemos hizo ante el juez instructor, afirma el auto, que recuerda que el objetivo del examen es aclarar que "causas impiden acceder a la información de la tarjeta"; "el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado"; "eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía"; "si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos" y "fecha del último acceso".
Será una vez cuando se reciba el informe de la Policía cuando se cite a declarar, no solo a los peritos de la Sección de Ingeniería e Informática Forense para que ratifique el informe pericial sobre daños de la tarjeta que ya obra en la causa, sino también a Dina Bousselham.
Así lo señaló el Supremo en su resolución, recuerda el juez, que suma al interés del interrogatorio las conclusiones que puedan resultar del nuevo análisis de la tarjeta que fue robada en 2015.
DECLARACIÓN DE BOUSSELHAM
En este sentido, apostilla que la citación de Bousselham tiene que ser posterior al examen de la SD, ya que se podrá acceder al contenido e información que almacenaba la misma, si hubo modificaciones posteriores a noviembre de 2015 --fecha en la que fue sustraida--, concretar cuándo fue el último acceso, así como si determinar cuál fue la causa que impide entrar en ella o si la tarjeta se sometió a algún proceso de borrado o deterioro.
Destaca que la declaración de la exasesora de Podemos también atiende "a la necesidad de profundizar de forma 'exhaustiva' en si efectivamente 'denuncia' el presunto acceso por parte de Pablo Iglesias Turrión al contenido íntimo de su tarjeta de memoria, de forma no consentida", así como para "evitar malentendidos" con respecto a lo que declaró en mayo de 2020, cuando señaló que la tarjeta funcionaba cuando el líder de la formación 'morada' se la entregó.
