El fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña, ha salido al paso este miércoles de noticias difundidas en algunos medios de comunicación en las que se le acusa de una falta de eficiencia en la zona de Campo de Gibraltar que ha obligado a la fiscal general, Dolores Delgado, a nombrar como refuerzo al que fuera su antecesor en el cargo y actualmente fiscal en el Tribunal Supremo Javier Zaragoza.
Según apunta Noreña en una nota a la que ha tenido acceso Europa Press, las citadas noticias se basan en un dato, sacado de contexto, sobre la diferencia de procesos incoados en 2019 por los Juzgados de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales, frente a los incoados por tráfico de drogas, acompañando incluso un cuadro extraído de la Memoria de esta Fiscalía.
Noreña ya hizo pública su discrepancia con la decisión de Delgado tras conocer el nombramiento de Zaragoza, llegando a calificarla de "ilegal e improcedente".
Según el decreto de designación, el actual fiscal del Supremo desarrollará su labor esta labor en cooperación y "sin menoscabo de las funciones que en esta materia tienen la Fiscalía Especial Antidroga y las fiscalías territoriales de la zona, con las que mantendrá la necesaria coordinación".
En este nuevo comunicado, y tras ofrecer datos en defensa de su trabajo, Noreña afirma: "no parece que la designación de un único Fiscal, con competencias coincidentes, al menos parcialmente, con las de esta Fiscalía, sea un refuerzo suficiente de las denunciadas -e inveraces- "insuficiencias" de esta Fiscalía".
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han mostrado su sorpresa por este segundo comunicado de Noreña, y señalan que el origen del desencuentro puede encontrarse en las formas utilizadas por Delgado para realizar la designación del fiscal de refuerzo, ya que no se comunicó convenientemente al actual jefe de Antidroga. En todo caso, las mismas fuentes coinciden con la fiscal general en la necesidad de propiciar un refuerzo de la coordinación con Madrid, la Audiencia Nacional y la actividad fiscal en la zona.
Argumentos de Noreña
Frente a estas informaciones, Noreña aduce en su nota a Audiencia Nacional carece de competencias propias para investigar y juzgar delitos de blanqueo de capitales que no estén directamente vinculados a un tráfico de drogas competencia de dicha Audiencia -artículo 65 LOPJ-, por lo que no es factible tratar de que asuman aquellas investigaciones si no concurre tal conexión.
La estadística publicada como base a las informaciones sobre su falta de eficiencia no tiene en cuenta, añade, que "toda investigación por tráfico de drogas contra organizaciones o grupos criminales incluye una investigación patrimonial por blanqueo, que, si se sigue en el mismo procedimiento, éste se registra como tráfico de drogas y no como blanqueo aunque este delito quede incluido en la investigación".
Por otra parte, argumenta que la persecución del tráfico de drogas y la ampliación de supuestos de decomiso de bienes, efectos, instrumentos y ganancias de todo tipo permite en muchos casos instar el decomiso de todos ellos sin necesidad de abrir un procedimiento por blanqueo de capitales.
Así, Noreña apunta que la fiscalía Antidroga, circunscribiéndonos al ámbito territorial de la bahía de Algeciras y Costa del Sol, ha incoado en los años2018 y 2019 al menos 18 diligencias de investigación por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, o ambos delitos.
En la Fiscalía de Área de Algeciras, por otra parte, se incoaron al menos 30 diligencias de investigación o procesos judiciales por blanqueo en 2018, 55 en 2019 y otras 55 en 2020, lo que a su juicio demuestra que esta Fiscalía "despliega una importante actividad en la investigación del blanqueo de capitales -que no se circunscribe al ámbito territorial indicado-, cuyos resultados, teniendo en cuenta la complejidad de estas investigaciones, se comprobará a medio plazo".
Limitada competencia de la Audiencia Nacional
Aparte de lo ya apuntado acerca de la limitada competencia de la Audiencia Nacional en la persecución del blanqueo de capitales --uno de los argumentos que parecen haber movido la actuación de la fiscal general, según las fuentes consultadas--, añade Noreña que "no parece que la misma esté en condiciones de asumir más investigaciones, teniendo en cuenta los complejos procesos que asume, y de los que se hace eco constante la prensa, de modo que la atribución de esta competencia, que exigiría una reforma legal, no parece un instrumento adecuado para solucionar el problema planteado".
Así, concluye que aun con las deficiencias de plantilla que pudieran observarse tanto en el órgano central como en el Área de Algeciras, para las que, en todo caso, afirma que se adoptaron diversas medidas a lo largo del año 2019, con resultados satisfactorios, "se está dando una respuesta adecuada a las investigaciones por blanqueo de capitales, no sólo de aquella zona, sino de toda España".
Además, recuerda que sus competencias para coordinar las actuaciones de las distintas Fiscalías se extienden a todo el territorio nacional y a todo tipo de actividades, lo que ha supuesto un auténtico plan estratégico que, a lo largo de los años se ha plasmado en actividades como la la lucha contra las actividades de distribución de los llamados "clubes cannábicos" y contra la proliferación de plantaciones.
Finalmente, Noreña constata que en la zona de la Bahía de Algeciras coinciden geográficamente dos realidades de tráfico de drogas diferentes, y, en principio, no conectadas entre sí. Suponen el tráfico de cocaína a través del puerto, y el de hachís, este último con organizaciones centradas en dicha zona y que sólo en ocasiones excepcionales han extendido su ámbito de actuación a otras provincias, de modo que, en este último caso, permitan afirmar la competencia de la Audiencia Nacional.
