Kichi, a los del "partido condenado por corrupción... no me parezco ni en los andares"

El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, ha reaccionado en sus redes sociales a la sentencia del Tribunal Supremo en la que le absuelve de un delito de calumnias con publicidad por el que había sido condenado al pago de una multa de 5.400 euros por cuestionar en una asamblea de vecinos en 2016 la gestión de la dirección de Aguas de Cádiz del anterior equipo municipal, del PP, de quien dijo que "a sabiendas" dejó consumir agua contaminada en el barrio de Loreto durante varios días, ocultando dicha información a la ciudadanía, sin que se hubiesen depurado responsabilidades políticas. Para el Supremo, dicha afirmación “queda amparada por el derecho a la libertad de expresión”.

Una vez conocida la sentencia, regidor ha indicado que “han vuelto a absolverme de otra denuncia interpuesta por el Partido Popular y por la oposición”, pero “esta denuncia no es una denuncia cualquiera. Es la denuncia en la que se ha basado todo este tiempo el PP para hacer política, para restregarme que me encontraba imputado, pese al criterio contrario del juzgado de Instrucción número 3 que archivó la querella, pese al criterio contrario de varios fiscales”.

Según el alcalde, “ellos, los del Partido condenado por corrupción, querían dibujar que este alcalde tenía algo en común con unos políticos a los que no me parezco ni en los andares".

Recuerda que “me llevaron a los tribunales por pedir explicaciones, por arrojar luz y por defender la verdad que le negaron a los vecinos y vecinas de Loreto. Un barrio que no sólo sufrió durante quince días la falta de agua, sino que además, reitero y mantengo, sufrió una gestión pésima a manos de Teófila Martínez, Ignacio Romaní o Juancho Ortiz, concejal por entonces”.

Y es que en su opinión “existían análisis que invitaban a cortar el agua y hubo una decisión política de no hacerlo y de ocultárselo a la Junta de Andalucía y a la ciudadanía. La Justicia da la razón a mis declaraciones. Y lo que no se sabía entonces y ahora se conoce es que mientras no se invertía ni un sólo euro en el mantenimiento de las redes de suministros de la ciudad y, especialmente en los barrios obreros, Ignacio Romaní derrochaba el dinero público que debía destinarse a ello en gambas, Campari y comilonas”.

En esos momentos, relata José María González, “intentaron silenciarme, amedrentarme y amenazarme a través de los tribunales. No lo consiguieron. Y tampoco lo hubieran conseguido en caso de que me hubieran condenado. Porque mi compromiso entonces y mi compromiso ahora es con mis paisanos y mis paisanas. Porque mi conciencia a diferencia de la de ellos y ellas está tranquila”.

En el texto que recoge sus redes sociales añade que “mi nombre no aparece en los papeles de Bárcenas. Mi nombre no aparece junto a la cifra de 30.000”, y a pesar de ello “llevo seis años sufriendo denuncias de todo tipo. Lleva seis años mi equipo soportando que lo lleven a los tribunales por las cosas más recambolescas, como poner una bandera en un mástil, acoger refugiados o ceder un espacio municipal a un colectivo social. Llevamos seis años padeciendo el rencor, el resentimiento y el odio de quienes no asumen que han perdido dos elecciones, de quienes no asumen que los gaditanos y gaditanas nos dieron el gobierno a nosotros y nosotras en las urnas. Ya está bien. No hay que olvidar que quienes me acusan de faltar a su honor son los mismos que me llamaron en un Pleno con una actitud violenta: ‘Cacique, fascista, chulo y cobarde”.

Para concluir, el alcalde lamenta que “a cambio de esta judicialización constante de la política, a cambio de entorpecer la gestión municipal, tenemos que ver cómo premian a Teófila Martínez y Romaní con cargos públicos y con sueldos que alcanzan los 80.000 euros”, aunque se muestra satisfecho porque “hoy, se ha hecho justicia. Hoy se ha recordado por qué estamos aquí. Y por más que denuncien, que amenacen y que se retuerzan, seguiremos gobernando para nuestros vecinos y vecinas”.