El concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, José Antonio Gómez, ha destacado la evolución positiva de los datos de infracciones penales registrados en Puente Genil durante el pasado ejercicio 2020, indicando que la localidad ha sido la cuarta de toda la comunidad autónoma con más de 30.000 habitantes, que menos infracciones penales totales ha registrado en los últimos doce meses, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Gómez precisó que en el último trimestre del pasado ejercicio, Puente Genil estuvo en los indicadores por debajo de otras localidades como Lucena, Écija o Antequera, “municipios que podemos considerar como referencia”.
“La evolución anual desde 2017 consolida una tendencia a la baja, y aunque seguramente haya influido la pandemia en los datos del último ejercicio también lo ha hecho para todas las localidades”, afirmó el concejal, quien dijo que “podemos estar contentos con los datos, pero eso no significa que hayamos erradicado la criminalidad ni las infracciones penales”. Para Gómez, “debemos valorar el trabajo de los agentes de la Policía Local, la colaboración con la Guardia Civil, y los esfuerzos que estamos haciendo para tratar de incrementar la plantilla”.
Por su parte, el inspector jefe de la Policía Local, Jesús Miguel García informó que durante el pasado 2020, los agentes pusieron a 41 personas a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial. De todas estas personas, 18 lo fueron por conducir careciendo de la autorización administrativa correspondiente; tres por no someterse a las pruebas de alcohol habiendo sido requeridos para ello, ocho por conducir con temeridad manifiesta y otras 12 por circular con una tasa de alcohol superior a la legalmente establecida.
Por último, y preguntados por la situación que se viene dando desde hace varias semanas en el entorno de los salones de la Huerta la Barca, donde se ha establecido un asentamiento ilegal de personas, Gómez explicó que “ya ha intervenido la Policía Local y la delegación municipal de Servicios Sociales para tomar datos, y también estamos en contacto con el propietario que es el que tiene que denunciar, ya que la policía no puede echar a estas personas de una propiedad privada a menos que en un juez lo determine”. “La Policía Local está poniendo en conocimiento de la Guardia Civil y del Seprona la situación, se están dando pasos, pero insisto en que el propietario tiene que adoptar su responsabilidad y denunciar, porque si no, no se puede desalojar”, dijo Gómez.
En la misma línea, Jesús Miguel García recalcó que “si el asentamiento está en un sitio privado, se requiere de una denuncia del propietario para poder intervenir, algo que hace esta situación más compleja que otras producidas en otras ocasiones cuando se ha procedido al desalojo de personas de lugares públicos”.
